A la
vista del “Acord del Botànic” del
pasado día 11 de junio, en el que no se
hace referencia alguna a la Administración de Justicia en la Comunitat
Valenciana, así como a las declaraciones que hemos podido leer y/o escuchar, la
Comisión Permanente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, bajo la Presidencia de su titular y con la
asistencia de los Decanos de los Colegios de Abogados de Valencia, Alicante,
Castellón, Elche, Alcoy, Orihuela, Sueca y Alzira, acordó, por unanimidad, emplazar
públicamente al nuevo Gobierno de la Generalitat Valenciana, a su Consellera de
Justicia, Gabriela Bravo, -que ha manifestado su voluntad de que la justicia
valenciana sea una prioridad-, y a todos los Partidos Políticos, con
representación en las Cortes Valencianas, para que, según sus respectivas responsabilidades
y competencias:
1.- Se comprometan, pública e
inequívocamente, a la efectiva dotación, conforme a las competencias
transferidas, de los medios materiales y personales necesarios para el buen
funcionamiento de la Administración de Justicia, poniendo fin a las inaceptables carencias que vienen soportando los Juzgados y
Tribunales de la Comunidad, cuya falta de solución impide dar satisfacción
al derecho de los ciudadanos a un proceso sin dilaciones indebidas y, en
definitiva, a la tutela judicial efectiva, comenzando, en cuanto dependa de sus
competencias, por la inmediata dotación y puesta en marcha, en su mayor parte aún
pendiente en estos momentos, de los 20 Juzgados de nueva creación, de distintos
órdenes jurisdiccionales, aprobados para esta Comunidad por RD 819/10 de 25
Junio.
2.- Asuman
que la inaceptable situación del
Servicio Público, pues de eso se trata, de la Administración de Justicia en
la CV, que afecta a Derechos Fundamentales de los ciudadanos, constituye una
Cuestión de Comunidad, en cuya solución deben implicarse, junto con el Gobierno
de la Generalitat, todos los Partidos Políticos, con representación en las
Cortes Valencianas, en orden a alcanzar el necesario Pacto de Comunidad, que
garantice su cumplimiento, a corto y medio plazo, al margen de las vicisitudes
electorales.
3.- Constituyan
a dicho fin, con la mayor urgencia, el “Observatorio de la Justicia”, en la que deberán participar
activamente todos los operadores jurídicos, Jueces, Fiscales, Secretarios,
Abogados y Procuradores, y, por supuesto, los funcionarios al servicio de la
Administración de Justicia, para identificar las necesidades, estudiar las
posibles soluciones, su coste y financiación, mediante la necesaria Memoria
Económica, que garantice su efectiva implantación,establecer las prioridades y
consensuarlos calendarios correspondientes, de modo que, en esta nueva
Legislatura pueda, por fin, hablarse de una moderna Administración de Justicia
en nuestra Comunitat.
4.- Se comprometan públicamente a mantener el actual modelo de Asistencia
Jurídica Gratuita, por ser el que mejor garantiza, a los ciudadanos sin
recursos, su derecho de acceso a la Justicia, a extender dicho Beneficio a
cuantas actuaciones resulten necesarias, para su defensa integral, no solo en
sede Judicial, sino también en Vía Administrativa, incluir la Mediación y a introducir
las mejoras tecnológicas requeridas, para la mejor y más eficiente gestión del
Servicio, y a negociar de buena fe, con los Colegios de Abogados y
Procuradores, una remuneración digna y
suficiente, acorde con la función que desempeñan, a la que tienen derecho y
de la que se han visto privados los Profesionales de la CV, cuyo baremo
retributivo, que ni siquiera incluye todas las actuaciones que realizan los
Abogados, sufrió además, en Enero de 2012 y después de siete años de
congelación, un brutal recorte, por parte de la Conselleria de Justicia, del
orden del 35%, hasta quedar situado a la cola de los de todo el Estado, incluso
ahora, a pesar del insuficiente incremento del 10% aprobado por la Orden 4/2015,
de 15 de junio, habilitando las partidas presupuestarias necesarias para dar
cumplimiento a todo ello.
5.- Promuevan la total supresión de las Tasas Judiciales, puesto que,
manteniéndose para todas las Sociedades, sin distinción, incluidas incomprensiblemente
las Pymes, que constituyen el grueso del tejido empresarial y la mayor fuente
de empleo, en la CV y en el resto del Estado, las satisfechas por las Sociedades
son finalmente soportadas, por la parte condenada en costas, en su inmensa
mayoría las propias personas físicas,respecto de las cuales, aunque únicamente
como demandantes, se habían suprimido las tasas.
6.-
Se comprometan públicamente al desarrollo
pleno de la competencia legislativa sobre Derecho civil valenciano.
A
cuyas exigencias se acordó dar la correspondiente difusión pública, sin
perjuicio de su traslado al Gobierno de la Generalitat y a todos los Partidos
Políticos con representación en las Cortes Valencianas, a los efectos
oportunos.
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