Los ayuntamientos no adoptan medidas para prevenir la corrupción en contratos

La Sindicatura de Comptes ha detectado que no consta la adopción de medidas tendentes a la prevención del fraude y de la corrupción, y de situaciones de conflicto de intereses u otras causas que puedan afectar a los principios de integridad, independencia e imparcialidad de los sujetos intervinientes en el procedimiento de adjudicación de contratos en los ayuntamientos. 

 La Sindicatura ha fiscalizado la contratación en las entidades locales durante el ejercicio de 2022 y ha verificado el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de contratación durante el ejercicio 2022 de los siguientes ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes: Alcoy, Benidorm, Castellón de la Plana, Elche, Elda, Gandia, Orihuela, Paterna, San Vicente del Raspeig, Torrevieja y Vila-real, y las tres diputaciones provinciales.

No se han incluido los ayuntamientos de Alicante, Sagunt, Torrent y València, ya que han sido fiscalizados por el Tribunal de Cuentas. 

Y ha revisado el adecuado cumplimiento de las previsiones legales de remisión de la información contractual del ejercicio 2022, por parte de todas las entidades y entes que conforman el sector público local de la Comunitat Valenciana. 

En esa fiscalización, en la mayoría de expedientes revisados en materia de contratación "no se justifica adecuadamente" la elección de los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.  

También advierte de que, excepto dos expedientes analizados, no consta la adopción de medidas tendentes a la prevención del fraude y de la corrupción en el procedimiento de adjudicación, por lo que recomienda que se haga. 

En la casi totalidad de los expedientes analizados por la Sindicatura, la firma de los pliegos administrativos y técnicos no queda suficientemente acreditada, y se han detectado demoras en la ejecución de los contratos debido a diversas causas: retrasos en la adjudicación, en la recepción o comprobación del replanteo. 

En el  caso concreto del Ayuntamiento de Benidorm, no ha aportado la totalidad de la documentación acreditativa de las contrataciones realizadas. 

En la revisión de los contratos menores se han detectado determinadas deficiencias, entre ellas superar el importe previsto legalmente para la contratación menor, la falta de documentación justificativa, la calificación como menor de contratos de carácter continuado y permanente y la falta de designación de responsables del contrato. 

Recomienda, como medida de mejora de la objetividad y transparencia en la gestión contractual, que en la contratación menor se soliciten al menos tres ofertas para la selección del contratista. 

Destaca el alto grado de remisión de la información alcanzado en el ejercicio de 2022, ya que, del total de las 837 entidades pertenecientes al sector público local de la Comunitat Valenciana, el 99 % (829) remitieron las relaciones anuales de los contratos formalizados en el ejercicio o, en su caso, la correspondiente comunicación negativa.

No obstante, aún existe un alto grado de incumplimiento de remisión de la información en el plazo establecido, ya que 259 entidades (el 30,9 %) han remitido la información contractual fuera de plazo.