Los escándalos que cercan a Pedro Sánchez no deben retrasar aún más la acción decisiva en la reconstrucción tras la DANA en la provincia de Valencia

El 29 de octubre de 2024, una DANA arrasó buena parte de la provincia de Valencia (las comarcas de l’Horta Sud, la Ribera, la Hoya de Buñol-Chiva, Utiel-Requena, Camp de Túria, la Serranía y tres pedanías de la ciudad de Valencia). Hubo 228 muertos. Las consecuencias materiales fueron devastadoras, pero lo que más duele es lo que ha venido después: la nada. Ocho meses más tarde, los damnificados siguen esperando respuestas que no llegan. Y lo que es peor, ni están, ni se les espera en el corto plazo. Mientras las instituciones se escudan en la burocracia y los fondos sin ejecutar, miles de valencianos siguen atrapados en la realidad que dejó el agua. Y por si fuera poco, la corrupción que acorrala al Gobierno de Pedro Sánchez y la parálisis política general agravan aún más una situación que ya era insostenible. Aquí van diez puntos que claman al cielo:

Los millones anunciados con grandes titulares llegaron a los ayuntamientos… pero se han quedado en los cajones. ¿El motivo? Falta de técnicos, de medios humanos, de empresas que ejecuten. La impotencia se mezcla con la indignación.

Conseguir una ayuda es más difícil que reconstruir una casa con tus propias manos. La administración exige papeles, informes, fotos, declaraciones… y después, silencio o negativas por cuestiones absurdas.

Cada administración va por libre. Gobierno central, Generalitat, diputaciones y ayuntamientos se reparten competencias, pero nadie asume la responsabilidad real. No hay coordinación.

Caminos cortados, acequias sin limpiar, carreteras intransitables. El paisaje en muchas zonas sigue siendo el de un día después… ocho meses después.

Decenas de edificios permanecen abandonados, inhabitables. Las ayudas no llegan y muchas familias viven de prestado o en condiciones precarias.

Los cultivos perdidos no se recuperan con palabras. Las ayudas al campo han sido insuficientes, mal gestionadas o simplemente inexistentes.

Los municipios pequeños carecen de arquitectos, ingenieros o personal jurídico para tramitar ni siquiera una parte de las solicitudes. El colapso es total.

Hay obras que ni se han licitado porque no hay empresas disponibles. Las que existen están saturadas, y no hay mecanismos de emergencia para acelerar nada. 

Los afectados no saben a quién acudir. La administración está despersonalizada. Nadie les guía, nadie les escucha. El desamparo es absoluto.

Mientras la ciudadanía espera soluciones, el Gobierno de Pedro Sánchez se tambalea por casos de corrupción que ocupan todas las portadas. Con un Ejecutivo dedicado a resistir políticamente, la gestión post-DANA ha dejado de ser una prioridad.

Pero lo más preocupante no siempre es lo visible. El impacto psicológico de la DANA ha sido profundo. Familias que lo han perdido todo, personas mayores que viven con miedo cada vez que llueve, jóvenes que ven cómo se desmorona su entorno sin nadie que les ayude a levantarlo. A día de hoy, no existe un plan serio de salud mental a nivel local. No hay psicólogos en pueblos pequeños, ni equipos itinerantes, ni atención continuada. Nadie está abordando el trauma de quienes vivieron el desastre.

Y mientras tanto, cientos de edificios siguen con los ascensores fuera de servicio, arrasados por el agua. Esto ha convertido a sus viviendas en auténticas cárceles para personas mayores o con movilidad reducida. No pueden salir, no pueden hacer vida. Están encerrados. Y nadie, absolutamente nadie, ha puesto una solución rápida sobre la mesa para reparar algo tan básico como eso.

La DANA ya no es solo una catástrofe meteorológica. Es un espejo que refleja las miserias de un sistema político e institucional que promete mucho y cumple poco. La ciudadanía no pide milagros: pide dignidad. Y ocho meses después, ni siquiera eso se les ha concedido.