La Portavoz del grupo popular, Maria José Catalá, interviene en la sesión de control celebrada en Les Corts.Archivo/EFE/ Biel Aliño
Los grupos de la oposición han criticado la imposición del valenciano para el acceso a la función pública, aunque el PP ha precisado que esperará a conocer el texto para pronunciarse, mientras que desde el Botànic, Compromís y Unides Podem, han celebrado el acuerdo alcanzado en el seno del Consell.
Así lo han señalado representantes de los distintos grupos parlamentarios de Les Corts en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndiques, después de que las consellerias de Justicia y de Educación acordaran los detalles del decreto que regula la acreditación de la competencia lingüística en valenciano como requisito para las oposiciones.
La síndica del PP, María José Catalá, ha señalado que esperarán a conocer "la letra pequeña del acuerdo", pero ha calificado de "peligroso" que en la rama sanitaria puntúe más el conocimiento del valenciano que tener el doctorado, algo que ha considerado que es un "requisito encubierto".
"Yo quiero al mejor cardiólogo. Prefiero uno que tenga un doctorado específico que uno que hable muy bien el valenciano. Y creo eso lo piensa cualquier persona de la calle", ha manifestado.
Sobre los títulos automáticos que se otorgará a los alumnos que finalicen la ESO y el Bachillerato, ha considerado que tiene que ver la letra pequeña, pero cree que podría ser discriminatorio que se aplique a partir del curso 2021/2022 y no desde antes.
Preguntada por el hecho de que el decreto valenciano esté inspirado en el gallego, elaborado durante el mandato del actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que esperará a ver el acuerdo "negro sobre blanco".
La síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, se ha alegrado de que se excluya a los médicos de ese requisito, pero ha calificado de "barbaridad" que el conocimiento del valenciano "cuente como mérito el triple que un doctorado".
A su juicio, eso sigue siendo "una traba a la llegada de especialistas cualificados desde otras autonomías o desde otros países", como también lo es exigir el requisito lingüístico al resto de funcionarios.
"El valenciano hay que respetarlo, hablarlo y fomentarlo pero lo que no puede ser es que se pongan trabas y barreras a la llegada de gente de otras comunidades", ha señalado Merino, para quien este tipo de barreras "fomentan la crispación en la sociedad".
Desde Vox, su portavoz adjunto José María Llanos ha rechazado "la imposición" del requisito lingüístico, y que, además, lo que se exija no sea valenciano, sino catalán, así como que se valore más el conocimiento de esta lengua que haber realizado una tesis doctoral.
Por otra parte, tanto Compromís como Unides Podem han celebrado el acuerdo que permite avanzar en la consolidación del derecho de la ciudadanía a poder ser atendida en su lengua, y en la implantación del valenciano en las instituciones.
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