Los hosteleros califican de "cacicada" la decisión del Ayuntamiento de Valencia de eliminar la ampliación de las terrazas

Frustración y malestar del sector ante la "cacicada" del Ayuntamiento de Valencia contra las terrazas y las pymes hoteleras. Este es el sentimiento mostrado por los hosteleros tras la reunión convocada, esta mañana, por la Concejalía de Espacio Público, que dirige Lucía Beamud, con las patronales del sector, para comunicarles la decisión firme de la eliminación de las terrazas COVID a partir de l próximo 12 de octubre, sin dar opción al sector a dialogar y exponer su situación antes de tomar una decisión de forma unilateral.

La Coordinadora de Hostelería de los Barrios de Valencia insiste, y así lo ha dejado claro durante la reunión, que la eliminación de las terrazas COVID, cuando la Generalitat Valenciana no ha adoptado todavía las medidas que provocaron la activación de las terrazas  COVID, como el 100% de aforo en interior y la supresión de las distancias de seguridad que limitan la capacidad de los interiores a menos del 50% de su capacidad, es precipitada y no tiene ninguna justificación.

En este contexto, la Coordinadora está estudiando jurídicamente la resolución del Ayuntamiento para eliminar la ampliación de terrazas Covid y valorar el posible recurso ante los tribunales para impedir su aplicación.  Al mismo tiempo, la Coordinadora anuncia la convocatoria de un  acto de protesta para responder a lo que considera un atropello hacia las pymes, por parte del Ayuntamiento de Valencia, con la convocatoria de una concentración de terrazas, el próximo jueves 7 de octubre. El acto consistirá en un recorrido que partirá desde distintos barrios y que confluirá en la misma plaza del Ayuntamiento.

Y es que, el colectivo reitera e insiste en que las ampliaciones de las terrazas Covid siguen siendo necesarias para salvar puestos de trabajo y reactivar a pymes que aún no se han recuperado de la crisis al 100%., tras 18 meses de cierres y restricciones.

Jueves, 7 de octubre. Juzgan a un hombre de 50 años acusado de estafar 90.000 euros a una mujer de 70, con la que mantenía una relación de convivencia. Procesado y víctima contactaron a través de una página web de contactos y comenzaron a vivir juntos en la casa de ella, en Aldaia. Según mantiene la acusación pública, el encausado, que se hacía pasar por un abogado de prestigio, inició la relación con la intención de apoderarse del mayor dinero posible de la mujer, a la que convenció para que le diera varias cantidades con excusas como saldar una deuda, comprar un coche, ejercer como letrado e invertirlo en productos financieros. La Fiscalía solicita provisionalmente para el hombre una pena de cuatro años de prisión por un delito de estafa.