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Un hombre de 54 años murió el pasado 17 de octubre tras entrar en parada cardiorrespiratoria mientras se celebraba un juicio en el que estaba procesado junto a otras trece personas por un asunto de drogas en la Ciudad de la Justicia de València.
El desfibrilador de la sede judicial no pudo ser usado en su ayuda por marcar nivel insuficiente de batería, lo que para la sección territorial valenciana de Juezas y Jueces para la Democracia debe ser investigado como una posible negligencia.
En un comunicado difundido este lunes, JpD pide a Justicia que acuerde "medidas efectivas que eviten los riesgos en materia de seguridad y salud que generan estas situaciones".
Junto a ello, la organización lamenta una posible "desidia" de la Conselleria en la convocatoria del comité de prevención de riesgos laborales que integra a todos los colectivos profesionales presentes en el funcionamiento diario de la Ciudad de la Justicia.
"No podemos olvidar que por la Ciudad de la Justicia pasan a diario miles de personas, además del número importante de trabajadores y trabajadoras de distintos sectores profesionales que ejercen su actividad laboral en este recinto. La Generalitat es la titular del edificio y debe cumplir el Decreto 159/2017, aprobado por el propio Gobierno valenciano, que regula la instalación y uso de los desfibriladores, así como su mantenimiento", añade.
"Las últimas informaciones difundidas desvelan que el referido desfibrilador no funcionaba por falta de batería y que el material médico para su uso estaba caducado. Además, en mayo de 2018 esta anómala situación ya habría sido puesta en conocimiento del gerente de la Ciudad de la Justicia, el cual la habría transmitido a la Conselleria de Justicia, sin que al parecer se hayan tomado las medidas oportunas", dice también la sección valenciana de JpD.
"El grave incendio que causó importantes daños en la Ciudad de la Justicia ya mostró serias deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones y en el seguimiento sobre el funcionamiento apropiado de las mismas", añade la organización.
"Ha de recordarse que la Conselleria de Justicia no ha convocado desde enero al comité de coordinación de prevención de riesgos laborales, a pesar de que el mismo había de reunirse con carácter trimestral. La falta de funcionamiento de esta mesa técnica muestra cierta desidia de la actuación institucional en la materia", dice JpD, que añade que la Conselleria de Justicia está adoptando medidas que afectan a posibles riesgos laborales sin contar con la participación de los delegados de prevención de los colectivos profesionales afectados.
La Fiscalía Provincial de Valencia solicitará a los especialistas forenses que se pronuncien sobre si el fallo del desfibrilador el pasado jueves en los juzgados de València fue determinante en el fallecimiento de un hombre de 54 años que sufrió un infarto en estas instalaciones y no pudo ser reanimado.
Según han informado fuentes del Ministerio Público, esta petición se realizará al Juzgado de Instrucción número 3, responsable de estudiar este asunto, y se hará independientemente de que se persone o no acusación particular en la causa.
Según han informado fuentes del Ministerio Público, esta petición se realizará al Juzgado de Instrucción número 3, responsable de estudiar este asunto, y se hará independientemente de que se persone o no acusación particular en la causa.
Por su parte, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha convocado mañana martes, a las 9.30 horas, a todos los colectivos profesionales implicados en el funcionamiento de los tribunales valencianos para una reunión en la Ciudad de la Justicia de València, en la que les explicará los datos de los que dispone sobre el fallo de un desfibrilador ocurrido en dicha sede judicial cuando, el pasado jueves, intentaron usarlo para salvar la vida de un infartado.