Víctimas de la Asociación Víctimas del Metro (AVM3J), asisten a un pleno de Les Corts. EFE/Archivo
Los grupos parlamentarios en Les Corts Valencianes han celebrado la apertura del juicio oral por el accidente del metro de 2006, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, y que después de casi trece años del suceso vaya a hacerse "justicia" por la vía penal.
Sin embargo, el diputado del PP Alfredo Castelló ha manifestado que su partido "respeta" las decisiones judiciales "igual" que lo hace con "cualquiera de los archivos que hizo la instructora del caso", la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de València, quien a su juicio "hizo una instrucción procelosa".
En el juicio oral se sentarán en el banquillo ocho exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), durante el gobierno del PP, y al respecto Castelló ha señalado: "No nos queda más que confiar en la presunción de inocencia y que haya una sentencia que dicte justicia".
El diputado popular ha defendido, en relación con los exdirectivos de FGV que serán juzgados, que "hay un principio de confianza" de la Administración en sus propios actos y en el de sus trabajadores y que son las sentencias judiciales las que dicen si han sido "conformes a derecho".
Castelló ha criticado asimismo la segunda comisión de investigación que se abrió en Les Corts sobre el accidente, que ha tachado de "desastre y una farsa" y cuya única función fue, a su juicio, conseguir "un objetivo político".
El portavoz del PSPV, Manolo Mata, ha manifestado que la apertura del juicio oral, aunque "llega tarde", es "un reconocimiento de la Justicia a que se puede hacer justicia", y no habría sido posible sin las familias de las víctimas del accidente, que "dieron una batalla jurídica y social que al final ganaron, llenando la plaza -de la Virgen- y ahora con la apertura del juicio".
Para Mata es además un reconocimiento en el tiempo a la labor hecha por el nuevo Consell, así como al trabajo "serio y consistente" de la comisión de investigación y de los abogados de las víctimas que han luchado para que se reabriera el caso.
Isaura Navarro (Compromís) ha celebrado que "por fin" se vayan a depurar responsabilidades penales y ha señalado que en las mismas está el "incumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales", ya que sostiene que "no se atendieron las demandas del comité de seguridad" como la instalación de la baliza, que "hubiera evitado el accidente".
Navarro considera además que el hecho de que la jueza instructora del accidente "no esté en el caso", al pasar a un juzgado de lo Penal, será "clave" para avanzar en las responsabilidades penales, ya que ha asegurado que su "dejadez" durante la instrucción llevó a la desaparición de pruebas clave y "desde el primer momento prejuzgó sin hacer la tarea de investigación" que le correspondía.
Desde Podem, Cristina Cabedo ha recordado que Les Corts ya "desmontó" en la segunda comisión de investigación la "falacia que el PP intentó instaurar en al sociedad de que el accidente era inevitable", y ha deseado que este juicio "sirva para depurar las responsabilidades penales de quienes tomaron las decisiones, tanto cargos políticos como directivos antes y después del accidente".
La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha manifestado que ahora "es el momento de que la Justicia haga su papel y dirima responsabilidades", principalmente por las víctimas y sus familiares tras "muchos años de pedir justicia".
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