LA
 UNIÓ de Llauradors indica que los productores de hortalizas de la 
comarca de la Ribera hacen guardia permanente en sus campos en medio de 
una gran impotencia e indefensión para evitar el robo de sus cosechas 
ante la oleada de sustracciones que se viene produciendo.
El
 principal objeto de deseo de los autores de los robos son los melones y
 esta pasada semana le robaron casi 6.000 kilos de melones a un 
agricultor de Alzira, mientras que en otros casos han sorprendido a los 
ladrones en pleno hurto siendo incluso amenazados si se les dice alguna 
cosa. 
Los
 robos se producen fundamentalmente en las horas en que los agricultores
 suelen irse a comer o ya de madrugada, ante lo cual han decidido montar
 guardia permanente hasta que la cosecha salga a los mercados.
LA
 UNIÓ reclama mayor vigilancia policial en las zonas productoras y más 
presión e intimidación para evitar que se cometan los robos. En este 
sentido pide un aumento de las fuerzas de seguridad del Estado y de las 
policías locales, a la vez que recuerda que sigue pendiente la 
modificación del Código Penal para que se contemplen las casuísticas de 
los robos en las zonas rurales. Según LA UNIÓ el valor de
 lo robado en el campo valenciano pasó de los 20 millones de euros el 
pasado año y este año se detecta un aumento de los mismos respecto a las
 mismas fechas del anterior que podría cifrarse en un 25% más. 
En
 la modificación del Código Penal se debería castigar el robo en sí, 
independientemente de su valor, aparte de considerar como importe de lo 
hurtado/robado no sólo el bien sustraído sino el valor del daño 
provocado para conseguir ese bien. En el caso de hurtos/robos cometidos 
por varias personas LA UNIÓ formula que el valor de lo hurtado/robado no
 se divida entre estas personas y que este valor sea el mismo para cada 
uno de los delincuentes. Y ante los casos de reincidencia de un 
delincuente, el valor de lo hurtado/robado debería ser acumulativo. 
LA
 UNIÓ propone también la creación de un cuerpo de policía rural o una 
policía rural mancomunada para aquellas poblaciones más pequeñas. Así 
mismo insta a que se celebren reuniones periódicas de las Juntas de 
Seguridad Rural local, provincial y autonómica; y que los Ayuntamientos 
y/o Juzgados de Paz tengan la capacidad de registrar las denuncias para 
después, trasladarlas a la Comandancia de la Guardia Civil. Todas estas 
actuaciones facilitarían la incentivación de la cultura de la denuncia 
al disponer de una policía de mayor proximidad y tener datos más 
exhaustivos y fidedignos de la naturaleza de los robos en las zonas 
rurales. Se insta a los agricultores y ganaderos a interponer denuncias 
pero en muchos casos deben recorrer muchos kilómetros para presentarlas,
 con el considerable gasto y pérdida de tiempo que nadie les paga y, lo que es peor, sin garantías de una respuesta efectiva a la denuncia.
Otro
 aspecto a trabajar y mejorar en los robos de las zonas rurales para LA 
UNIÓ es la persecución e inspección de las empresas (almacenes, 
chatarrerías, etc.) que compran producciones agrarias o de otro tipo y 
no puedan demostrar su procedencia o enclaves potencialmente 
susceptibles de vender mercancía robada, tanto de producto agrícola como
 de material como cobre, herramientas, etc.
									
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