Uno de los pozos de los regantes. //EPDA La Comunidad de Regantes Lorca y Quint de Riba-roja ha
presentado una instancia en el registro de entrada del ayuntamiento en la que
reclama al consistorio el pago por la ocupación de los terrenos sobre los que
la administración local construyó dos pozos de agua potable con una capacidad
de más de 3.000 metros cúbicos para abastecer a las urbanizaciones del margen
izquierdo del río Túria -alrededor de 2.000 chalés- de esta localidad entre los
años 1998 y 1999.
El
Ayuntamiento de Riba-roja solicitó en aquella época -encabezado por el ex
alcalde Francisco Tarazona, del PP- la cesión de estas parcelas de 1.012 metros
cuadrados de extensión a expensas de llegar a un acuerdo compensatorio entre
ambas partes, o bien con la permuta por otros terrenos o con la compra directa
de los mismos tras llegar a un acuerdo tácito. Sin embargo, la entente entre el
ayuntamiento y la comunidad de los regantes no llegó nunca a buen puerto.
Por todo
ello, los regantes de Riba-roja han presentado una instancia en el consistorio
donde reclaman una resolución final a este episodio ya que al no estar a día de
hoy escrituradas las parcelas, los impuestos y tasas corren a cargo de la
comunidad de regantes sin que hasta el momento el ayuntamiento haya sufragado
cantidad económica alguna al respecto.
El
actual gobierno municipal -formado por PSPV, Compromís y Esquerra Unida- está
estudiando una solución final para resolver un conflicto urbanístico fruto de
la deficiente gestión que en su momento llevó a cabo el anterior gobierno del
Partido Popular de Riba-roja de Túria.
Las
reclamaciones de los regantes de Riba-roja se unen a otras peticiones
realizadas en las últimas semanas por otros afectados de la política
urbanística del anterior gobierno del Partido Popular durante las pasadas
legislaturas y que pueden desembocar en la obligación de abonar millonarias
indemnizaciones económicas por la ocupación de terrenos.
Entre
estos problemas cabe destacar el PAI del Calvari de Riba-roja que se remonta a
los años 1997-1998 que permitió ocupar unos terrenos privados para construir el
actual campo de fútbol a cambio de entregar a cada uno de los propietarios unas
parcelas en la futura zona del Calvari. Sin embargo, hasta ahora no se ha
entregado las parcelas ni tampoco se les ha abonado ninguna indemnización por
unas propiedades valorados en 3 millones de euros en total.
Otro de
los conflictos urbanísticos que afectan actualmente al ayuntamiento se centra
en el conocido proyecto del Barranc de les Monges, consistente en la
construcción de un anfiteatro en esta área del casco urbano para la que se
acordó con sus propietarios su ocupación en el año 2005 a cambio de una futura
permuta en terrenos ubicados en otra área del término municipal, aún sin
determinar. Sin embargo, a día de hoy el proyecto urbanístico no ha
cristalizado -sólo se usa como pipican para perros- y sus dueños esperan la
contrapartida prometida por la administración local. Por ello, exigen una
indemnización de casi 2'2 millones de euros por el uso de los terrenos durante
un periodo total de 8 años.
El
último problema urbanístico al que se debe enfrentar el Ayuntamiento de
Riba-roja es el conocido del parque Montealcedo, una zona verde que se realizó
a cambio de unas parcelas municipales que todavía no se han entregado. Por
ello, los afectados por este retraso han conseguido una sentencia favorable de
la Junta Provincial de Expropiación que obliga al consistorio a abonar
alrededor de 1'7 millones de euros a los propietarios de la citada área.
El
alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha manifestado que estas peticiones de
particulares y sociedades privadas "pueden
suponer a corto plazo una merma importante para las arcas municipales lastradas
por la mala gestión urbanística del anterior gobierno del Partido Popular que se
dedicó durante mucho tiempo a ocupar terrenos y llevar adelante proyectos sin
tener en cuenta las consecuencias que podrían suponer para la administración
local, con indemnizaciones millonarias y un futuro preocupante para la gestión
de los recursos municipales".
El munícipe ha anunciado que el
actual equipo de gobierno "actuará
con absoluto rigor y compromiso con la defensa de los intereses de todos los
ciudadanos de acuerdo a los informes y a la legalidad vigente en estos
momentos" y ha lamentado que en las anteriores legislaturas "el
consistorio no actuase con una mayor seriedad y ahora nos vemos abocados a
afrontar un futuro oscuro por esas deficiencias, que se traducirán en notables
pagos económicos y pérdida del patrimonio local".
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