Darío Moreno. / EPDAEste 8 de marzo volvemos a salir a la calle para reivindicar derechos, justicia y acción. También para recordar que la igualdad no es un logro irreversible. Cada avance conquistado ha sido fruto del esfuerzo colectivo de muchas generaciones, pero no estamos a salvo de retrocesos ni de negacionismos que ponen vidas en riesgo.
Los primeros meses de 2026 nos han golpeado con una realidad especialmente dura. En España, las cifras de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año son las más preocupantes de la última década: al acabar febrero, diez mujeres habían sido asesinadas por sus parejas o exparejas, una cada cinco días. También hemos vuelto a ver la crueldad de la violencia vicaria, cuando los hijos e hijas son utilizados como instrumento de daño extremo contra las madres. Es la expresión más brutal del machismo estructural, que lamentablemente hemos sentido de cerca con los sucesos de Xilxes.
La violencia de género no aparece de la nada. Se alimenta de las desigualdades persistentes, los abusos de poder normalizados y las dinámicas machistas que aún atraviesan nuestra sociedad. En los últimos meses ha emergido un aluvión de denuncias por acoso y abuso en ámbitos políticos, universitarios y policiales, instituciones que deberían ser ejemplo de integridad. Son muestra de que la desigualdad sigue atravesando todos los espacios, sin importar el estatus social, el color político o el cargo que se desempeñe. Por eso mismo, la respuesta ha de ser generalizada y unida, sin luchas partidistas, clamando con una misma voz por la igualdad real entre hombres y mujeres.
Sin embargo, acecha una ola reaccionaria a nivel global —también en nuestro entorno más cercano— que intenta cuestionar el propio concepto de violencia de género. Con ello se intenta diluir la especificidad del problema o, directamente, negar su existencia. Ante ello, hay que dejar claro que quienes se empeñan en negar la violencia machista no están mostrando una discrepancia ideológica como otra cualquiera: es una estrategia que acaba desprotegiendo a las víctimas y enviando un peligroso mensaje de impunidad social.
España ha sido referente a la hora de combatir la violencia contra las mujeres, promover la igualdad y salvar vidas, pero ninguna ley se sostiene por sí sola. Necesitamos un consenso social firme que no admita retrocesos. No podemos permitir que el cansancio, el ruido o la polarización erosionen derechos que han costado décadas de lucha. La igualdad no es una concesión que se pueda revocar dependiendo del sentir político del momento, sino un principio democrático básico que garantiza una sociedad mejor para todas y todos.
Vale la pena insistir en ello. A menudo prevalece la noción de que la igualdad beneficia únicamente a las mujeres, pero no es cierto. Las sociedades más igualitarias son sociedades más capaces y más prósperas. Cuando eliminamos barreras y violencias generamos un efecto cascada que repercute en más talento disponible, mayor bienestar colectivo y una democracia más fuerte. La igualdad es, ahora y siempre, una cuestión de justicia, pero no olvidemos que también es una inversión en el futuro.
Este 8M reafirmamos nuestro compromiso desde Sagunto: reforzar mecanismos de protección, apoyar a las víctimas, no aceptar ni tolerar discursos que invisibilizan la violencia machista y consolidar los derechos conquistados frente a quienes quieren borrarlos de nuevo. Cada vida perdida es un crudo recordatorio de que no podemos permitirnos retrocesos en materia de igualdad.
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