María José Alcón, exconcejala del Ayuntamiento de Valencia. EPDA El
Juzgado de
Instrucción 18
de Valencia,
que instruye
el "Caso
Imelsa",
comenzó ayer a
tomar
declaración a
los detenidos
en la
operación
desarrollada
contra una
trama de
corrupción
infiltrada en
varias
administraciones
públicas de la
Comunidad
Valenciana
cuyos
integrantes se
servían de sus
puestos de
responsabilidad
para amañar
contratos y
cobrar
comisiones
ilegales a
cambio de
adjudicaciones
fraudulentas.
La primera en
comparecer
ante el juez
fue la ex
concejal del
Ayuntamiento
de Valencia,
María José
Alcón. Alcón,
que fue
detenida por
la mañana,
pasó a
disposición
judicial ayer
pasadas las
22.30 horas.
Estuvo en el
Juzgado hasta
las 00.00. El
magistrado
instructor
decretó
su
libertad bajo
fianza de
150.000 euros.
El juez,
además, acordó el embargo de bienes como medida cautelar.
La ex concejal
del
Ayuntamiento
de Valencia queda imputada (investigada) en las diligencias
abiertas porprevaricación administrativa, malversación
de caudales
públicos,
tráfico de
influencias,
cohecho y
blanqueo de
capitales. En
la causa hay
otros 28
investigados (término que sustituye al de imputado tras la
reforma de la
Ley de
Enjuiciamiento
Criminal), que
empezarán a
declarar ante
el juez hoy.
En las
próximas
horas, los
otros 23
detenidos
serán puestos
a disposición
del Juzgado de
Instrucción 18
de Valencia,
que esta
mañana,
además, tiene
previsto tomar
declaración a
otras cinco
personas
investigadas
(imputadas)
que no fueron
arrestadas
ayer.
Entre
estas cinco
personas se
encuentran el
concejal del
Ayuntamiento
de Valencia,
Alfonso Novo,
y una
trabajadora
del Grupo
Municipal del
PP en el
Consistorio.
Ambos están
citados por
figurar como
autorizados
para disponer
de las cuentas
del partido.
La operación llevada a cabo en
colaboración con la delegación
en Valencia de la Fiscalía
Especial Contra la Corrupción
y el Crimen Organizado y con
la Unidad Central Operativa de
la Guardia Civil como Policía
Judicial, se ha saldado con 24
detenciones practicadas en las
provincias de Valencia,
Alicante y Castellón. Hay
otros 5 investigados que no
han sido detenidos pero que sí
han sido citados para declarar
ante el juez.
Entre los 24 detenidos ayer se
encuentran el ex presidente de
la Diputación de Valencia, ex
alcalde de Xàtiva y ex
presidente del Partido Popular
en la provincia de Valencia,
Alfonso Rus. También ha sido
arrestado:
*el ex vicepresidente de la
Corporación Provincial y ex
secretario autonómico de
Educación, Máximo Caturla
*el ex vicepresidente de la
Diputación y ex alcalde de
Moncada, Juan José Medina
*el ex secretario autonómico
de Deporte y ex diputado en
las Cortes Valencianas, David
Serra
*la ex concejal de Valencia
(María José Alcón)
*el ex gerente de la Fundación
Jaume II El Just y ex jefe de
gabinete del Consell Juridic
Consultiu, Vicente Burgos.
*el ex acalde de Genovés,
Emilio Llopis
*la secretaria del grupo
municipal del PP en el
Ayuntamiento de Valencia,
Carmen García Fuster.
*Salvador Deusa Ibanco, ex
jefe de sección de
Evaluaciación y Planificación
de la Diputación de Valencia.
Ademas de los 9 citados, ayer
también fueron arrestados 12
empresarios, dos arquitectos y
un ex trabajador del
Ayuntamiento de Valencia
(personal de confianza del
grupo popular).
En la operación desarrollada
ayer se llevaron a cabo 33
entradas y registros en las
tres provincias de la
Comunidad. Se han registrado
domicilios particulares de los
investigados, sedes sociales
de empresas (entre ellas la
empresa pública CIEGSA) y
fundaciones (entre ellas la
Fundación Jaume II), la sede
de un equipo de fútbol (Club
Deportivo Olimpic de Xàtiva,
del que Rus fue presidente) y
la sede del Grupo Municipal
del Partido Popular en
Valencia.
La investigación se inició a
partir de una denuncia
interpuesta ante la Fiscalía
Provincial de Valencia por una
presunta gestión irregular de
la empresa pública Imelsa,
dependiente de Diputación,
cuyo director gerente era
Marcos Benavent. Benavent está
imputado en la causa, pero no
se halla entre los arrestados
hoy.
La práctica de distintas
diligencias permitió descubrir
que el ámbito de actuación de
la trama corrupta era mucho
más extenso de lo que se
recogía en esa denuncia
incial. El trabajo de la UCO
bajo la dirección del fiscal
del caso concluyó en la
presentación de una querella
que por turno de reparto cayó
en Instrucción 18 el pasado
mes de marzo.
El Juzgado incoó diligencias y
declaró las actuaciones
secretas desde el principio.
En la causa se investigan
varios delitos contra la
administración pública, entre
ellos, los de prevaricación
administrativa, malversación
de caudales públicos, tráfico
de influencias, cohecho y
blanqueo de capitales.
En el marco de esta
diligencias se desarrolló la
operación de ayer encaminada a
la detención de algunos de los
investigados, al aseguramiento
de pruebas y a la adopción de
medidas cautelares. La
operación sigue abierta. La
causa continúa secreta.
En total se han practicado 33
registros: 14 en domicilios
particulares y 19 en sedes
sociales.
Este es el detalle:
Valencia: 12 registros en la
capital y 17 en distintas
localidades de la provincia
Alicante: 3 registros:
Alicante (capital), Denia y
Muro de Alcoy.
Castellón: 1 registro en la
capital.
Los detenidos seguirán pasando
a disposición del juzgado de
Instrucción 18 de Valencia
durante el día de hoy,
miércoles.
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