Más de 80 católicos pakistaníes residen en la
actualidad en Valencia, después de haber huido de su país natal ante las
continuas amenazas por profesar la fe cristiana, según informa en su último
número el semanario diocesano PARAULA.
La mayoría de ellos, acogidos como refugiados
religiosos, participan en las celebraciones de la parroquia de San Eugenio y
Santa Inés de Valencia, así como en diferentes actividades pastorales, según el
párroco José Vicente Morató. Otros refugiados forman parte de la feligresía de
San Miguel de Soternes, en el mismo barrio valenciano de L'Olivereta.
Además, algunas de las familias participan
también en los grupos del Itinerario Diocesano de Renovación (IDR) que se
desarrolla en la actualidad en Valencia, promovido por el arzobispo, monseñor
Carlos Osoro.
Entre los acogidos se encuentra el matrimonio
formado por Jamshed y Marina, de 33 y 29 años de edad, que llegaron hace cinco
años en Valencia “tras ser acusados de blasfemia por entender que enseñaban
ideas contrarias al Corán”, según publica en su último número el periódico
PARAULA, donde Jamshed asegura que su delito fue“dar charlas” en la Cáritas dela ciudad de Lahore sobre derechos de
lasmujeres y de los niños.
En la actualidad residen, en uno de los dos
pisos que la parroquia de San Eugenio ha destinado a la acogida de familias
refugiadas. Desde que salieron de su país no han podido regresar ni ver a su
familia. Jamshed asegura que “es duro, pero poco a poco voy comprendiendo que
la misión que Dios quiere para mi es que esté aquí, en Valencia, dando mi
testimonio para que otros puedan conocer lo que pasa en mi país”.
En los últimos seis años, se ha registrado en
Pakistán un“notable incremento
del número de ataques contra minorías religiosas en todo el país” por parte de
grupos de islamistas radicales, según expone en su último informe sobre
libertad religiosa en el mundo la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada
(AIN), vinculada a la
Santa Sede. Los cristianos acusados de blasfemia sufren
“marginación, vejaciones y, llegado el caso, cárcel y hasta muerte” sin
necesidad de testigos, añade el informe.
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