Jeanette SegarraLa
Generalitat flexibilizará los requisitos para que un municipio sea considerado
en riesgo de despoblación con el objetivo de que más localidades de la
Comunitat Valenciana puedan tener esta consideración y acceder a las ayudas que
la administración ha dispuesto para ellos.
Esta
es una de las novedades del proyecto de ley de medidas contra el despoblamiento
de la Comunitat Valenciana que se encuentra en estos momentos en Les Corts para
su tramitación, tras haber sido aprobado por el pleno del Consell el pasado 13
de enero.
Se
considera que un municipio se encuentra en riesgo de despoblamiento cuando
cumple al menos 4 de los 6 indicadores que se establecen en la ley referidos a
densidad de población, crecimiento demográfico, crecimiento vegetativo, índice
de envejecimiento, índice de dependencia y tasa migratoria. Si bien los
indicadores no cambian con la nueva norma, ahora únicamente es necesario
cumplir 4 requisitos cuando antes había que cumplir al menos 5.
La directora general
de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento (AVANT), Jeannette Segarra ha
señalado que “la nueva ley flexibiliza los criterios para acceder al Fondo de
Cooperación para lucha contra la despoblación de modo que se ampliará el número
de municipios que se beneficiarán de estas ayudas” y ha recordado que “no es la
primera vez que este fondo se amplía, en 2021 se modificó el decreto para que
todas las localidades de menos de 300 habitantes entren directamente”.
Impacto rural
El proyecto de
ley también establece que la Generalitat Valenciana incorporará el ‘rural
proofing’ o ‘mecanismo rural de garantía’ a sus proyectos y leyes con el
objetivo de que beneficien especialmente a los municipios más pequeños y se
ajusten mejor a sus necesidades y realidades. Este proceso, recomendado por la
Unión Europea, facilita también la evaluación de las iniciativas comunitarias.
“Las leyes de la
Generalitat y sus planes sectoriales incorporarán un informe de perspectiva
rural que detallará su impacto en términos demográficos y de cohesión
territorial. El objetivo no es añadir un documento más a la tramitación administrativa,
sino disponer de un informe realmente útil que nos revele datos clave a lahora
de aplicar medidas”, ha explicado la directora general de AVANT.
En la norma
también se establece que el Consell destinará al menos el 0,1% del presupuesto
de gasto no financiero de la Generalitat a luchar contra la despoblación, un
aspecto que ya se cumplía en las cuentas de la Generalitat, pero cuyo
compromiso queda ahora reflejado en un documento legal.
Amplio paquete de
medidas
La nueva ley
tiene un carácter transversal y contempla un amplio paquete de medidas en
materia sanitaria, educativa, de atención social, empleo, transporte, vivienda,
cultura, justicia, mayores, juventud, igualdad de género, o tecnologías de la
información, entre otras.
Según la norma,
para llevar a cabo estas medidas en materia demográfica, el Consell diseñará una
planificación estratégica con un horizonte temporal a 10 años
En el ámbito
sanitario el texto destaca que se atenderán las particularidades de estos
municipios en el acceso a los servicios de emergencias y urgencias sanitarias y
se mantendrá la atención presencial, al tiempo que se promoverá la telemedicina.
En materia
educativa se impulsará especialmente la estabilización de las plantillas docentes
en la escuela rural y se incentivará la ocupación de plazas de difícil
cobertura. Asimismo, se promoverán servicios itinerantes de actividades
extraescolares.
Respeto a los
servicios sociales, se impulsará que los destinados a personas dependientes
estén ubicados a un máximo de 20 kilómetros del entorno vital y se favorecerá
atención en el domicilio y en el entorno social próximo. Asimismo, se dispondrá
de forma preferente la teleasistencia avanzada a personas mayores que vivan
solas o en domicilios aislados.
También se establece
en la nueva ley que los Juzgados de Paz se transformarán en oficias judiciales
tecnológicamente avanzadas y se apuesta por los servicios de orientación
jurídica de proximidad.
En materia
cultural se plantearán medidas contra el aislamiento y la soledad no deseada y
se diseñarán medidas para evitar la exclusión. También se promoverán
instrumentos innovadores como los bancos de memoria o de recuerdos, para dar
valor y conservar el conocimiento y las experiencias acumuladas por las
personas mayores, relacionados con los saberes tradicionales, las costumbres,
las festividades y los antiguos oficiaos del medio rural.
Jeannette Segarra
ha explicado que en la elaboración de la ley “hemos tratado de atender todas
las sensibilidades y se ha tomado para ello como base la experiencia que ha
supuesto la Estrategia AVANT”. En este punto la directora general ha recordado
que “desde el Consell hemos dado un vuelco a las políticas de despoblación, que
han pasado de no existir en 2015 a ser un área prioritaria de nuestra acción”.
Asimismo, Jeannette
Segarra ha destacado que la nueva ley contra el despoblamiento "consolida
y aporta seguridad jurídica a muchos aspectos que, aunque ya se cumplían no
aparecían reflejados con carácter legal, de forma que garantiza que en el
futuro se seguirá apostando por estas políticas".
Inyección
de 331,4 millones
La
Generalitat está destinando 331,4 millones a los municipios de la Comunitat
Valenciana a lo largo del periodo 2017-2023 a través de cuatro fondos
orientados a promover las inversiones en infraestructuras y servicios, a
impulsar el turismo, a luchar contra la quema de espacios forestales y a frenar
la despoblación a lo largo de todo el territorio.
Se
trata del Fondo de Cooperación Municipal (280 millones), el Fondo para
Municipios Turísticos (21 millones), el Fondo contra el Despoblamiento (20,9
millones) y el Fondo de Prevención de Incendios y Gestión Forestal (10
millones), que tienen comoobjetivo de vertebrar territorialmente la Comunitat
Valenciana e impulsar el desarrollo de sus entidades locales.
“Es
el presupuesto más ambicioso en la historia de la Generalitat. Con la creación
de los fondos de cooperación, desde la Generalitat estamos contribuyendo a
reforzar la autonomía de los entes locales, con ayudas no finalistas que
incrementan la capacidad económica de los pequeños ayuntamientos lo que les
permite mejorar los servicios públicos a la ciudadanía”.
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