El president de la Generalitat, Carlos Mazón presenta el proyecto de dos parques metropolitanos antiinundaciones. EFE/Kai FörsterlingEl president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado este viernes, día en que se cumplen diez meses de la dana en cuyas inundaciones murieron 228 personas y hubo cuantiosos daños materiales en la provincia de Valencia, que la Administración autonómica ha movilizado "más de 1.157 millones de euros en ayudas" para los afectados.
En un comunicado remitido por Presidencia de la Generalitat, ha señalado que así se ha hecho "a pesar de la asfixia financiera" a la que el Gobierno de España somete a la Comunitat Valenciana al "no reformar el sistema de financiación que perjudica a esta tierra, negarse a activar el Extra FLA y rechazar el Fondo de nivelación transitorio".
Mazón ha incidido en el esfuerzo "a pulmón" de la Generalitat para la activación de "ayudas directas, sin impuestos autonómicos, burocracia o condicionantes", con medidas de apoyo dirigidas a ciudadanos, municipios y los sectores productivos afectados, y ha anunciado que "en breve" se activarán nuevas líneas de ayudas para seguir con la reconstrucción.
Balance de ayudas
En su balance de ayudas, el president ha afirmado que han destinado 230 millones de euros para la pérdida de bienes y enseres de primera necesidad, con una prestación de 6.000 euros por vivienda afectada, además de 50 millones de euros destinado a alquiler de vivienda para los propietarios e inquilinos cuyo domicilio se vio afectado.
Además, ha enumerado los 700.000 euros en ayudas urgentes para la demolición de viviendas o edificios destruidos o gravemente dañados, cerca de 1 millón de euros para familias acogedoras de las zonas afectadas y 2 millones de euros para la adaptación de vehículos de personas con discapacidad y entidades del tercer sector.
En el ámbito de la movilidad, ha señalado que se han concedido más de 200.000 tarjetas de transporte para viajar sin coste en Metrovalencia, EMT, Cercanías, Metrobús y autobuses autonómicos, y se han consignado 250 millones para vehículos siniestrados, de los que ya han pagado "cerca de 166 millones de euros correspondientes a 86.630 solicitudes".
También ha citado el bono 'Recuperem Turisme', con 10,1 millones de euros; los 5 millones de euros destinados a comisiones falleras para financiar la organización de actividades vinculadas a Fallas; los 62 millones de euros destinados a los ayuntamientos para los gastos urgentes y los 7,1 millones para las mancomunidades.
Medidas para el empleo
Mazón ha incidido en el comunicado en las ayudas para mantener el empleo y recuperar el tejido económico, con los 90 millones de euros destinados a autónomos sin trabajadores, los 10,8 millones en complemento para ERTES por fuerza mayor o los 35 millones de euros para completar las prestaciones de los trabajadores en el mecanismo RED de la automoción.
Otras cifras que ha destacado son los 100 millones de euros para facilitar el mantenimiento del empleo y la reactivación económica de empresas y autónomos societarios, los 127 millones para apoyar la recuperación de la industria, el comercio y la hostelería o los 350 habilitados en préstamos bonificados del Institut Valencià de Finances (IVF) y Afín SGR.
Mazón ha acusado de "inmoralidad" al Gobierno de España por activas "préstamos ICO con intereses", además de reprochar que "cobre impuestos como el IVA en las ayudas para los vehículos" o que "obligue a pymes y autónomos a tributar por las ayudas de la Generalitat".
Más compromiso con la reconstrucción
El president ha lamentado la "falta de apoyo e implicación del Gobierno de España con la reconstrucción", al que ha reclamado "un mayor compromiso y celeridad" en el pago de las ayudas estatales, además de "fiscalidad cero" y que se sume a la comisión mixta para coordinar la reconstrucción y "aunar esfuerzos desde la lealtad".
Mazón ha afirmado que las catorce unidades de salud mental que prometió el Gobierno "siguen sin llegar" y no se han renovado las ayudas al cese de actividad por fuerza mayor "que prometió a los autónomos", y ha acusado al Ejecutivo central de negar ayudas a fondo perdido "para reconstruir centros de salud, colegios e infraestructuras dañadas por las riadas”.
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