Medina,con Barrachina y Rafel Sánchez. FOTO DIVAL El
vicepresidente primero de la Diputación de Valencia y diputado de
Cooperación Municipal, Juan José Medina, ha defendido el papel de
las diputaciones en la reestructuración del sector público actual como
“administraciones posicionadas para asumir la gestión eficiente de los
servicios municipales, con las mayores garantías cualitativas y
económicas”.
“Son entes de servicio administrativo que pueden ayudar a que los
ayuntamientos gasten menos, prestar servicios a muchos municipios que
por sí solos no pueden ofrecerlos a los ciudadanos y llegar a donde no
llegan otras administraciones, generando economías de escala y
garantizando prestaciones de calidad con menor impacto económico y
mayor eficiencia, pero siempre respetando la autonomía local”, ha
explicado.
Medina ha participado en la mesa redonda organizada por la
Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en el Hotel Westin de
Valencia para abordar los nuevos escenarios para la prestación de
servicios públicos, que también ha contado con la asistencia del
vicepresidente tercero de la Diputación de Castellón, Miguel
Barrachina, y el director general del Sector Público Empresarial de la
Generalitat Valenciana, Rafael Sánchez.
Según el responsable provincial, “la racionalización del sector
público no es tarea fácil, pero es necesario y debemos hacer todos un
gran esfuerzo porque es cierto que no podemos seguir funcionando como
lo hacíamos hasta ahora, ya que la realidad ahora es muy diferente y la
función de las diputaciones en este escenario es muy importante, en
defensa del municipalismo”.
El vicepresidente ha indicado que para generar reducción de costes
en la prestación de servicios municipales obligatorios requiere una
masa de unos 20.000 habitantes y que, además, las instituciones
provinciales garantizan los principios de solidaridad y equilibrio
intermunicipales.
“Las diputaciones no son parte del problema actual, sino parte de la
solución. Son las administraciones mejor posicionadas por tradición,
experiencia y marco legal, y las más capacitadas, para la gestión y
prestación común de las competencias obligatorias de los municipios
menores de 20.000 habitantes cuando la prestación local no pueda
producirse o no llegue a los estándares debidos”, ha concluido.
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