Asamblea de COR. Foto EPDA La Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, ha remitido a COR el informe en el que da
contestación al acuerdo tomado en la Asamblea General
del consorcio, del pasado 29 de julio, por el que se solicitaba a la Conselleria que permitiera
a COR “realizar el tratamiento y
eliminación de nuestros residuos en otra área de gestión, haciendo innecesaria
la construcción de las instalaciones previstas en Llanera”. La respuesta de
la citada Conselleria a la petición de COR señala que desde el punto de vista
jurídico “la solicitud resulta
inadmisible”, dado que para la Administración rige el principio de legalidad, lo
que supone que “La Administración no
puede conceder exenciones no previstas en la ley”. El informe señala que “ En virtud de lo anterior, la Administración no
puede dictar un acto o disposición que permita el incumplimiento de lo
establecido mediante una norma jurídica, en este caso la Orden aprobatoria del Plan
Zonal”. Asimismo, el informe señala que “La
función de los planes zonales de residuos es la de desarrollar y mejorar las
previsiones del Plan Integral de Residuos, por tratarse de un servicio público”
y recuerda que la Orden que aprobó el Plan
Zonal de Residuos X, XI y XII, gestionado por COR en 2004, fue sometida a “información pública y se solicitaron
informes a los ayuntamientos de la zona incluida y a las administraciones
sectoriales que pudieran verse afectadas y fue sometido al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental.”
En
resumen, la Conselleria
manifiesta que “tanto el Plan Integral de
Residuos como el Plan Zonal son de Obligado cumplimiento”, por lo que es
inadmisible la propuesta planteada por COR y cita el “principio de igualdad” que debe cumplirse respecto al resto de
Planes Zonales de la
Comunitat Valenciana.
Además, el informe apunta a las consecuencias económicas que se podrían
derivar de no construir las instalaciones previstas dado que “el contratista adquiere unos derechos que no se pueden desconocer
ni vulnerar en forma arbitraria y unilateral”, lo que conlleva que el
incumplimiento del contrato supondría el pago de daños y perjuicios al
contratista. Según el citado informe, en este caso sería competencia del Consorcio
asumir tanto “las consecuencias
económicas como las jurídicas, derivadas de la modificación o suspensión
temporal del contrato”. Para el
Presidente de COR, Vicente Parra “El
informe de la Conselleria
es contundente y despeja cualquier posible duda sobre la obligatoriedad y necesidad de la
construcción de las instalaciones previstas para gestionar de forma
autosuficiente nuestra basura.“ Además, Parra señala que: “La respuesta de la Conselleria avala el
trabajo que venimos realizando durante estos años. Vamos a seguir centrando los
esfuerzos en abaratar los costes cuanto nos sea posible, siempre dentro del
marco legal establecido y buscando el consenso. La Conselleria ha
mostrado su apoyo a los trabajos que la Subcomisión de Seguimiento lleva realizando desde
principios de año para abaratar los
costes y adecuar las instalaciones a la situación actual y es por ahí por donde
debemos seguir trabajando todos juntos, ya que el retraso en la puesta en
marcha de estas infraestructuras perjudica a los vecinos que pagan un servicio
que debe ser el mejor posible al menor coste. “
La
planta de Bufali es una planta ilegal
Respecto
al resto de propuestas planteadas por COR a la Conselleria a raíz de
los acuerdos de la Asamblea
del pasado 29 de julio, entre las que se incluía que la planta de transferencia
para los municipios de la
Costera, la
Canal de Navarrés y la Vall D´Albaida se ubicara en Bufali en lugar de
en Palomar, la Conselleria
establece que “la planta de Bufali es una
planta ilegal por carecer de la perceptiva licencia ambiental” y determina
que “la planta de transferencia
contemplada en el Proyecto de gestión adjudicado a la empresa concesionaria es
la planta ubicada en el término municipal de Palomar”.
En lo
concerniente a la petición de dejar fuera de la gestión del consorcio los ecoparques,
el informe de la
Conselleria informa que estas instalaciones “podrán o no ser cedidas por los
ayuntamientos al Consorcio pero siempre siendo conscientes que la gestión de
los residuos depositados en los ecoparques es competencia exclusiva del Consorcio
y no de los Ayuntamientos.“ Por último, el informe recoge el apoyo a la Subcomisión de
Gobierno creada por COR a principios de año para reducir los costes y adecuar
las instalaciones de forma que “las
decisiones de carácter económico que se tengan que adoptar, afecten mínimamente
al ciudadano”.
Próxima Asamblea General
En
los próximos días COR convocará Asamblea General Extraordinaria con el fin de
exponer la respuesta de la
Conselleria a la petición de COR y de trazar las líneas de
trabajo de los próximos meses. En este sentido, COR espera retomar el diálogo y
el acuerdo en el seno de la
Asamblea para abordar temas que quedaron pendientes como la
aprobación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del próximo ejercicio 2014, que fijará los
costes para los ciudadanos del servicio de valorización, tratamiento y
eliminación de los residuos. Recordar que los trabajos realizados por la Comisión Tributaria
de COR y la introducción de cambios en la ordenanza, algunos sugeridos por los
propios ciudadanos, prevé una reducción del 8% de media del coste de los
recibos del próximo ejercicio. Para Vicente Parra “El informe de la
Conselleria debería despejar cualquier posible duda sobre la validez
del trabajo realizado y el camino que debemos seguir. Nuestra obligación es dar
al ciudadano la mejor solución al problema de las basuras, con el menor coste y
no politizar un tema de interés general”.
COR
El Consorcio de Residuos
del Plan Zonal X, XI, XII se constituyó en julio de 2005 para gestionar de forma ágil y eficiente los
residuos urbanos del Plan Zonal X, XI y XII, AG2. El nuevo modelo de gestión de
residuos impulsado desde Europa, España y la Comunitat Valenciana,
a través de los Planes Zonales, implica que cada área geográfica sea capaz de
resolver por sí misma el problema de los residuos.
En este marco legal, desde
el pasado 1 de julio COR asumió las competencias legales de los 93 municipios
incluidos en este Plan Zonal en materia de transferencia, valorización y
eliminación de los residuos urbanos. A partir de esa fecha, los ayuntamientos
del plan Zonal, sean o no miembros consorciados, limitan sus competencias a la
recogida y transporte hasta la planta de transferencia.
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