JULIÁN SALAZAR ALCAÑIZ./EPDAComo ciudadano de este país y profesional de lo
social me llama la atención cómo se trata el fenómeno migratorio en los
diferentes medios de comunicación, en virtud del titular político que la
migración pueda generar. Es decir, si la cuestión es la división entre los diferentes
grupos políticos del Congreso, la noticia pasa a primera línea de la parrilla,
si, por otro lado, la noticia es la llegada o la regulación extraordinaria
promovida por una iniciativa legislativa popular que fue aprobada con el
consenso de los dos grandes partidos, la noticia deja esa primera línea para
ser la tercera o cuarta en la parrilla.
La realidad es la siguiente: encima de la mesa
tenemos una modificación del reglamento de extranjería aprobada y publicada que
entrará en vigor en mayo. En esta reforma lo más significativo es que el tiempo
de permanencia en el territorio español para solicitar un arraigo, un permiso
de residencia por cualquiera de los supuestos de arraigo, se iguala a dos años.
El actual reglamento ponía como condición en el
arraigo social tres años de permanencia, aunque los otros supuestos eran dos
desde la modificación anterior. En otro momento explicaremos con más
detenimiento estos arraigos, porque hoy lo importante es resaltar los pasos
positivos que se realizan en este sentido, aunque nos intenten mostrar otra
realidad.
El segundo
factor que pasa desapercibido para la audiencia es la iniciativa legislativa popular promovida por
las ONGs del sector, que pasó su trámite parlamentario, fue aprobada y se debe
debatir y llegar a término como una ley que regule de forma extraordinaria a
cerca de 500.000 personas migrantes que a día de hoy están, posiblemente
trabajando en b y contribuyendo a nuestra sociedad de muchas formas y
realidades.
Pero, el foco nos lo quieren poner en una
reforma de la ley de extranjería donde uno le culpa al otro y el otro al uno.
La cuestión está en la distribución de las personas migrantes menores de edad
sin referente adulto, es necesaria y prioritaria esta cuestión. Canarias está
saturada y necesita que ese reparto se realice. Es cierto que se efectúan traslados,
pero a merced de cada comunidad autónoma y debería realizarse de forma
regulada.
Aun siendo importante y necesaria esta
modificación en la Ley, los pasos que se están dando, con el decreto y con la
ILP, son muy significativos y van dirigidos a beneficiar a personas migrantes.
Así pues, queda demostrado que hay cierto consenso por tratar la migración
desde una visión optimista, por lo que no deberíamos estar usando políticamente
la negociación de la reforma de la ley como un arma arrojadiza más, que solo
busca contentar a una minoría de cada tendencia política. La migración es una
realidad que está, se le espera y tiene más cosas positivas que negativas.
Busquemos acuerdos y solucionemos realidades, que este tema nos beneficia a
todos.
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