David Junquera (UPyD). Dice el borrador del Proyecto de Ley Valenciana Universitaria 1/2012, de Responsabilidad Política, en su capítulo 3.
De la moción de censura popular,
que “se establece la Moción de Censura Popular, en el marco de la
Iniciativa Popular, reconocida en el artículo 87.3 de la Constitución
Española”. Y añade que “para admitir la Iniciativa Popular, se deberá
recabar al menos las dos quintas partes del Censo Electoral”,
iniciativa que se votará en el Pleno de Les Corts y que, de ser
rechazada “será el pueblo mediante referéndum quien dirima”.
No se trata de una ley orgánica. Ni si quiera se trata de un
Proyecto de Ley que haya sido planteado en Les Corts ni ningún otro
parlamento español. Se trata de una iniciativa ciudadana, en el marco
del Parlament Universitari, una muy interesante iniciativa en la que
participan las siete universidades de la Comunitat Valenciana y que hoy
he tenido oportunidad de conocer en la ronda de contacto con los
partidos políticos que los jóvenes de Parlament UPV están
estableciendo. Son ellos precisamente, el “Grupo Parlamentario” que
representa a la Universidad Politécnica de Valencia y que ha alcanzado
en 2012 la posibilidad de “formar gobierno” y sacar adelante su
propuesta sobre responsabilidad política.
Resulta un inmenso placer volver a la UPV, que ha sido mi casa
durante tantos años (demasiados), y encontrarme con este grupo de
jóvenes con las ideas tan claras y con propuestas políticas diseñadas
para mejorar la vida del ciudadano y potenciar la regeneración
democrática y la participación.
Pero entremos en materia. Hablemos de política. Analicemos la propuesta.
¿Sería viable en un estado democrático moderno como el nuestro una
figura tan controvertida como la que proponen estos estudiantes?
¿Aceptarían los partidos políticos mayoritarios una cláusula como esta
que les sometería a una evaluación continua? ¿Sería buena para la
democracia esa presión o convertiría, sin embargo, la política en una
aun más acalorada y continua campaña electoral que se centrara en hacer
lo que los ciudadanos quieren oír?
Realmente no tengo respuestas para estas preguntas. Bueno, para
algunas sí. Es obvio que los dos partidos mayoritarios (y también los
partidos pequeños que gobiernan en sus respectivas autonomías) se
negarían en redondo a ceder tanto terreno ante la ciudadanía.
¿La Soberanía Popular en manos de los ciudadanos? ¿Pero qué es esto?
Sí, los ciudadanos tenemos ese poder cada cuatro años mediante unas
elecciones (claramente mejorables). Pero, ¿qué pasa si una vez elegidos
a nuestros representantes, Gobierno y oposición se ponen de acuerdo en
cambiar su discurso y conducir al país hacia donde ellos estiman que
deben hacerlo aunque sea contrario al “contrato programático” con el
que llegaron a sus escaños?
Ejemplos como el de Grecia están todavía en nuestras retinas, donde
observamos que partidos de distintos colores han cambiado la melodía de
su discurso, cuando han llegado al Gobierno, al son que marcaba la
Unión Europea y el Banco Mundial. La reacción del ciudadano, en
ausencia de esta controvertida figura de la Moción de Censura Popular
no ha sido otra que la moción de censura en las calles, los disturbios,
los asaltos al parlamento… y la consecuente puesta en peligro del
sistema democrático en su sentido más estricto.
La propuesta debatida en Parlament Universitari tiene varios matices
que la transforman en una clara cláusula final para usar únicamente en
caso de emergencia nacional, y que evitarían que unos partidos u otros
pudieran instrumentalizarla para tumbar un gobierno desgastado por la
toma de decisiones controvertidas, como podría ser el caso actual de
España o de la Comunitat Valenciana.
Me sumo al análisis que hacía Rafa Soriano acerca de la propuesta en
cuanto a que surge de la total desconfianza de la ciudadanía en la
clase política en su conjunto. Tan poco nos representan nuestros
representantes que queremos poner cláusulas de rescisión del contrato
democrático que establecemos con ellos. El ciudadano se siente huérfano
y desconfía de unos partidos y otros, que se alternan en el poder sin
tener un guión claro, sin tener un discurso convincente e ilusionante
que les muestre una perspectiva de tranquilidad y les transmita
responsabilidad y confianza.
No sé si la Comunitat Valenciana, o España, o Europa, necesitan una
cláusula de este tipo, pero de lo que no me cabe duda es de que el
ciudadano medio está comprendiendo y pidiendo a gritos que la clase
política debe dejar de ser una clase aparte. El ciudadano les exige,
nos exige, que bajemos a la tierra y miremos a nuestro alrededor, que
revisemos nuestros ideales (a aquellos que los hayan tenido alguna vez)
y nos autoanalicemos.
Yo, modestamente, trataré de escuchar estas propuestas y estas
iniciativas, e invito a quien pueda estar interesado, a seguir la
evolución del trabajo de estos jóvenes en su web y su Twitter
(parlamentUPV.webnode.es y @parlamentUPV), cuyo borrador será enmendado
el próximo día 27 de abril con las propuestas de los demás “grupos
parlamentarios” del resto de universidades de la Comunitat.
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