No a la incineración de los residuos urbanos

Con la reciente propuesta de la Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente de quemar el supuesto rechazo de las plantas de tratamiento en las cementeras asistimos al enésimo episodio de una mala gestión. El retraso en la construcción de las instalaciones de tratamiento adecuadas ha causado graves trastornos a nuestro medio ambiente y molestias a muchos valencianos; miles de toneladas de residuos han circulado por nuestra geografía y más allá en busca de un sitio donde ser depositados, incumpliendo el principio de tratar los residuos lo más cerca posible a donde se generan. Todavía hoy varios planes zonales están pendientes del necesario consenso con la población para construir la oportuna planta de tratamiento en la ubicación adecuada.

La mala gestión del Consell se extiende también a la antigüedad de las instalaciones, al bajo rendimiento de las plantas en la recuperación de materiales y a la sobresaturación. Han estado depositando en el vertedero el 70 % de los residuos que tratan, incumpliendo la norma del Consell que fija en el 44 % el máximo de rechazo a depositar en vertedero e incumpliendo igualmente la ley estatal de Residuos, que fija un objetivo de reciclaje superior al 50%. Una baja recuperación de materiales y un compost de poca o nula calidad son la consecuencia de los bajos rendimientos de las plantas de tratamiento y la recogida selectiva de la materia orgánica por parte de los municipios un elemento para la solución. Recogida selectiva que estaba prevista para 2009 en la mayor parte de los Planes Zonales. Nuevamente el Consell incumple su propia normativa y en lugar de trabajar por un mejor reciclaje nos propone quemar (o valorizar como le denominan) el rechazo de las plantas de tratamiento en las cementeras.

No se recuperan materiales útiles para la actividad económica, no se fabrica un buen compost útil para la agricultura y para la mejora de suelos pobres en materia orgánica, pero sí se aumentan las tasas a los vecinos desde un 20% como mínimo hasta un 200 % o más. En lugar de contribuir a la mejora de la actividad económica y el trabajo, se aumenta el riesgo para la salud debido a las emisiones contaminantes asociadas a la incineración. La Administración debe iniciar sin demora campañas informativas, formativas y de sensibilización, que contribuyan a una reducción en la producción de residuos y a una mejor separación de los mismos en origen. La incineración no solo aumenta el riesgo de contaminación sino que funciona como un inhibidor de la recuperación de materiales porque “si se pueden quemar para qué separar”.

Garantizar los objetivos de reducción en la generación de residuos requiere un esfuerzo de consenso entre empresas y entidades sociales, con medios para conocer y proponer actuaciones a la administración. En este punto venimos denunciando el incumplimiento de la Ley de residuos valenciana de 2000 por no constituir la Entidad de Residuos que, según la propia Ley, dispondría de importante capacidad ejecutiva y sería el punto de encuentro de las administraciones y los agentes sociales y económicos

La alternativa que propone el Consell es inaceptable para las organizaciones firmantes, que exigimos que la revisión en marcha del PIR tenga como objetivos la reducción en el volumen de residuos producidos, la mejora del reciclaje, con la instalación de contenedores específicos para la materia orgánica, la mejora del rendimiento en la recuperación de materiales de las actuales plantas de tratamiento de RSU y la reducción del rechazo, como mínimo al 44 %. Una acción decidida y consensuada en estos términos hará innecesaria la incineración.