No son maneras

Vicente Betoret.

Así no. La política lingüística del Consell de Ximo Puig está generando más controversias que aportando soluciones en un ámbito en que los valencianos hemos convivido siempre en un amplio consenso interlingüstico.

A los diversos recursos presentados contra el decreto de plurilingüismo del conseller Marzá, que han terminado con la suspensión cautelar del mismo por parte de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se une ahora el recurso presentado por el Gobierno de España contra el Decreto de usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales de la Generalitat, generando, cuanto menos, la duda acerca de la idoneidad y legalidad de estas políticas.

El bilingüismo no ha sido nunca un elemento de confrontación entre valencianos. Castellanohablantes y valencianoparlantes hemos convivido siempre en tolerancia con quienes se expresan en cualquiera de nuestras dos lenguas cooficiales. Es absurdo que sea la Administración quien se esfuerce en romper ese equilibrio que ha perdurado durante tantos años.

Los poderes públicos, y también los ciudadanos, tenemos la obligación de conservar, promover y potenciar el uso del valenciano, como riqueza cultural propia y exclusiva de nuestra Comunitat. Pero eso nunca debería hacerse por la vía de la imposición y el abuso hacia quienes optan libremente y por las razones que estimen oportunas, por expresarse en una u otra lengua.

Los extremismos y la obligatoriedad ,vengan de donde vengan y apoyen a quien apoyen, no son el camino adecuado para conseguir la promoción, la conservación y el uso de una lengua.

El valenciano es parte transcendental de nuestra riqueza cultural. Debe promoverse cuantas actuaciones sean necesarias para defender su pervivencia, su conservación y potenciar su uso, pero, sobre todo, debemos procurar que los valencianos, todos los valencianos, lo tengamos como un verdadero patrimonio cultural de nuestra Comunitat. Nunca podrá ser así si lo promovemos como elemento de marginación entre ciudadanos.

El empecinamiento de Marzá, de Puig o de Oltra en imponer de forma excluyente el valenciano en todos los ámbitos de la Administración, ofreciendo  distintas oportunidades a los estudiantes valencianos en función de la lengua en que decidan cursar sus estudios, va a estar más cerca de generar repulsa que de conseguir el impulso social que nuestra lengua merece. Cualquier "atisbo de discriminación", como lo calificó, en su día, el auto de suspensión cautelar del TSJCV al Decreto de plurilingüismo, resultará, sin duda, contraproducente para los intereses de quienes defendemos la riqueza que supone compartir el valenciano, como lengua propia, con el castellano como lengua compartida con el resto de españoles. ¡Así no!