Wert ha “amenazado” con instaurar
el copago y con ello esta propuesta, si se lleva a cabo , puede
dinamitar el sistema educativo. Este no sería el primer copago
impuesto por Educación, que lo ha instaurado ya de forma velada en
la universidad, la FP y la educación infantil.
La ambiciosa expectativa de que
los resultados de los comicios europeos hubieran abierto, al menos,
una reflexión en torno a la acción de Gobierno, parece haber pasado
de largo en el Ministerio de Educación. El ministro José Ignacio
Wert, además de alentar abiertamente y sin reparos, junto a su
Secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, una cínica
campaña
de desprestigio contra el profesorado
basada en datos sesgados, ha vuelto a crispar a la comunidad
educativa con sus declaraciones sobre el copago
educativo.
Wert
se ha mostrado partidario de "reflexionar" sobre las
propuestas incluidas en el
informe de reforma fiscal encargado por el Gobierno,
que aconsejan incluir el copago en las fases educativas no
obligatorias para mejorar la "equidad
y justicia" del
sistema. Además, ya hemos tenido ocasión de comprobar el singular
significado de ambos conceptos para el Ministerio a través de sus
perversas políticas de becas y ayudas al estudio, por lo que esta
nueva amenaza
resulta de extrema gravedad para un sistema educativo exhausto,
denostado y manipulado al extremo con normas que sirven para generar
exactamente lo contrario: desigualdad.
De llevarse a la
práctica esta propuesta, este no
sería el primer copago impuesto por Educación,
que de forma velada lo ha instaurado en la universidad y la Formación
Profesional, donde el precio de las tasas se ha disparado; y al
restringir el acceso a la Educación Infantil, paralizando la
creación de plazas públicas de 0 a 3 años.
Las
declaraciones se producen en el peor de los contextos posibles. Ni
siquiera el índice de pobreza infantil, que es la más cruel e
injusta de nuestras vergüenzas, ha servido para que este Gobierno
deje de planear más recortes sociales a la ciudadanía. El Plan
Nacional de Reformas
prevé reducir el gasto educativo a un 3,9% del PIB en 2017, y a un
3,4% en 2030, una regresión espectacular de más de 20 años en
gasto educativo en nuestro país. También contempla el ahorro de más
de 800 millones de euros en la sanidad y la educación que la nueva
Ley de “sostenibilidad” de las Administraciones Locales va a
recortar a los Ayuntamientos. Con un empobrecimiento social y
económico de la clase trabajadora sin precedentes y unos salarios
que ya no sacan de la pobreza, ¿cómo
se atreve este ministro a decir a las familias que tienen que pagar
por la educación? ¿Cómo
se atreve después de arrasar los programas de compensación
educativa, las ayudas y las becas; después de destinar dinero
público a centros que segregan por sexo o ceder el suelo público al
mejor postor del negocio educativo privado?
Como docente,
pienso, que la comunidad educativa debe manifiestar su más enérgico
rechazo a cualquier forma de financiación de la educación que
suponga un coste adicional para los hogares.
El Estado debe garantizar la equidad y
la justicia a través de la acción de gobierno, por lo que resulta
inaceptable que se traslade esa responsabilidad a las familias, sobre
todo en un marco de gravísima necesidad, donde la política social
es más importante que nunca para garantizar el acceso a una
educación de calidad a cualquier ciudadano/a y evitar que sus
condiciones sociales o personales supongan un obstáculo. Además,
esa responsabilidad debe extenderse a toda la educación.
En el contexto actual, tal y
como no se cansan de advertir los informes nacionales e
internacionales más solventes, el nivel de educación que previene
realmente la exclusión y la marginación sociolaboral va más allá
de la educación obligatoria. Se sustenta en una
oferta universal de calidad en todas las etapas educativas, desde
los 0 años, y en un concepto del derecho ciudadano a la educación
que se extiende a lo largo de la vida.
Resulta sorprendente y
revelador que estas declaraciones se produzcan en el momento en que
el máximo órgano consultivo de la educación de nuestro país,
el Consejo Escolar del Estado,
mucho más sensible a las necesidades y demandas de la comunidad
educativa, haya
instado al Ministerio a garantizar la total gratuidad de la
enseñanza.
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