Vicente Montoro. /EPDAFormar parte de la Unión Europea, del Consejo de Europa o de la Comisión de Venecia para el gobierno español parece no tener importancia. O, al menos, no la tienen las opiniones y valoraciones de estos organismos supranacionales. Todo aquello que auspiciaron las generaciones pasadas con un carácter democrático, representativo y plural nunca antes visto en nuestro país está siendo atacado y vilipendiado precisamente por quienes lo representan. Y el asalto al Poder Judicial no es más que otro ejemplo de todo ello.
Ahora mismo somos ejemplo de todo lo que no hay que hacer. La antidemocracia está tiñéndose de rojo, lejos del verde con el que tanto ahínco tratan de relacionarla, y la separación de poderes está pendiendo de un hilo cada vez más fino gracias a los oídos sordos de Sánchez y sus secuaces a las indicaciones de los órganos arriba citados. Que quien en 2014 decía «estoy dispuesto a recortar el poder de decisión del PSOE en todos los órganos judiciales» o en 2016 acusaba al líder morado, que sería su vicepresidente años más tarde, de «querer controlar los jueces», solo demuestra que es la hipocresía personificada.
Pero estamos acostumbrados a este relato inequívocamente manipulado de la izquierda de nuestro país, que perdió toda elegancia con la coronación del sanchismo -cada día más destructivo con los suyos propios-. Y es que el objetivo es uno y es claro: controlar los tres poderes que Montesquieu supo delimitar, pero cuyos límites parecen empezar a disiparse en nuestro país.
Y es que la separación de poderes es la mayor garantía que la Constitución española pudo otorgar a nuestras instituciones para evitar la autocracia o cualquier régimen de tinte autoritario. Pero ellos son expertos en estirar al máximo los preceptos legales para adecuarlos a su antojo. Porque si la ley no les permite hacer algo, la cambian, aunque suponga atropellar la voluntad de la ciudadanía.
Aunque no sorprende. Llevan más de 4 años en el gobierno tras aquella fatídica e infundada moción de censura, y siempre han jugado con cualquier recurso para saltarse las decisiones judiciales. Han otorgado indultos a quien quiso y pretendió romper España. El caso de Griñán se vislumbra parecido. Y la posible vuelta de Puigdemont tras el cambio de doctrina por parte del Fiscal del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tampoco se prevé diferente.
Pero dará igual. No importará. Ni la voluntad del 1978 ni la decisión de los jueces que, recordemos, simplemente aplican la ley.
Urge desahuciar a este socialismo que ha perdido todo decoro, elegancia y responsabilidad democrática. Urge sacar a Sánchez de la Moncloa.
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