Oltra critica la falta de interés del Gobierno de España en cumplir con la legalidad respecto a las personas refugiadas

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha denunciado la falta de interés del Gobierno de España en asumir "la legalidad y los compromisos" que se adquirieron con las personas refugiadas que huyen de sus países a causa de la guerra y ha advertido de que desde el Consell van a seguir instando al Estado a "cumplir con su palabra".

Oltra ha recordado que, hace dos años, el Gobierno de España se comprometió a acoger a 17.337 personas solicitantes de asilo, de las que según los últimos datos del Ministerio de Interior, sólo han llegado 1.980, un 11,4%, y de ellas se estima que sólo alrededor de un centenar lo han hecho a la Comunitat Valenciana, atendiendo a los datos con los que cuentan las entidades que trabajan con ellos.

En este sentido, la vicepresidenta ha criticado la falta de comunicación que existe con el Gobierno de España sobre la llegada de personas refugiadas a la Comunitat Valenciana, y ha explicado que son las entidades del tercer sector, que se encargan de instalarlas en el país, las que informan a la Conselleria, que en dos años ha tenido constancia de 156 acogimientos.

"Cada vez que ha reuniones en los diferentes consejos territoriales, se recuerda al Gobierno de España que tiene la obligación de cumplir con su palabra, respecto de la acogida de refugiados y refugiadas", ha afirmado y añadido que no hay que olvidar que esta cuestión es de competencia estatal. "Si fuera una competencia autonómica las personas refugiadas estarían aquí ya y no muriendo en el Mediterráneo", ha aseverado.

Así, ha recordado que el Gobierno valenciano ideó un plan de emergencia que permitía hacer frente a "una situación de crisis humanitaria derivada de los conflictos bélicos de la zona de Oriente Medio y que incluía la firma de un convenio para el traslado por mar de 1.200 personas refugiadas y la constitución de una red de acogida", que fue rechazado por el Ejecutivo central, que consideraba que ésta no era una competencia autonómica.

Ante esta negativa del Estado, de que sea el Gobierno de la Generalitat el que se haga cargo de gestionar la llegada de estar personas, se optó por poner a su disposición todos los recursos que formaban parte de este plan de emergencia, sin que nadie desde el Ejecutivo central "se haya puesto nunca en contacto con la Conselleria para informarle sobre el uso que se ha dado a los mismos", ha indicado Oltra.

Oltra ha explicado que la Conselleria también "subvenciona 410 plazas de acogida para personas migrantes, de las que una parte va destinadas a refugiados, según nos informan desde los ayuntamientos y las entidades que las gestionan, porque como la comunicación con el Gobierno central en esta materia es muy limitada no es posible disponer de datos oficiales".
La vicepresidenta ha advertido de que a pesar de esta "falta de respuesta institucional", su conselleria sigue trabajando con las entidades a las que el Ministerio ha encomendado la gestión de la llegada de las personas refugiadas, tanto a través de reuniones puntuales como desde la comisión mixta de ayuda a las personas refugiadas, que tiene previsto reunirse la próxima semana.
Asimismo, a través de la red de oficinas de Atención a las Personas Migrantes (Pangea) la Generalitat está trabajando para que desde los municipios se de la mejor atención a las personas refugiadas que llegan a la Comunitat Valenciana, ha señalado Oltra, quien ha recordado que aspectos tan importantes para la integración de este colectivo, como son la educación o la sanidad son competencia de la Administración autonómica.

La Conselleria elaboró para ser efectivos en estas materias un protocolo de actuación que es el que continua vigente, a la espera de que el Gobierno central elabore uno propio, ha afirmado.

El Gobierno valenciano, ha reiterado, "mantendrá su compromiso y responsabilidad con las personas refugiadas en aquellos ámbitos en los que el Estado nos permita actuar, y no va a dejar de recordar al Ejecutivo central que debe cumplir la ley y acoger aquellas personas con las que se comprometió".