Oltra ha asistido a la firma del documento de formalización del concierto social con 40 entidades del sector. GVA La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas
Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado que la formalización del
concierto social de 2.087 plazas para personas mayores en centros
residenciales y de día gestionados por entidades sin ánimo de lucro
representa "un paso más en la implantación de un modelo
residencial centrado en la persona.
Oltra ha asistido al acto de formalización del concierto social
con 40 entidades del sector de atención a personas mayores titulares
de centros residenciales y de día, donde ha destacado la importancia
de este acuerdo "por el que las entidades concertadas pasan a
integrarse en la Red Pública Valenciana de Servicios Sociales".
La puesta en marcha concierto social en el sector de personas
mayores implica un doble beneficio, ha explicado, por un lado
facilitará a los centros "recibir los recursos económicos en
tiempo y forma, lo que afecta positivamente también a los
profesionales de los mismos", y por otro lado implica la puesta
en marcha de un nuevo modelo de atención residencial que promueve
"la defensa de los derechos de las personas en situación de
dependencia".
En este sentido, ha explicado que las nuevas plazas concertadas ya
aplicarán este modelo, elaborado la pasada legislatura con la
participación de todas las partes implicadas, y que tiene en cuenta
la nueva realidad del sector residencial, al que las personas cada
vez entran a una edad más tardía, lo que implica un deterioro
neurodegenerativo mayor.
Para atender estas nuevas circunstancias, en los módulos donde se
atiendan a las personas con enfermedades neurodegenerativas se
adoptan medidas como acotar el número máximo de plazas por unidad a
12, así como "la reducción al máximo de las contenciones
físicas y químicas que solamente se aplicarán por indicación del
servicio médico responsable, y como último recurso en situaciones
de riesgo", ha indicado.
Asimismo, todas las habitaciones dispondrán de las instalaciones
necesarias para el uso hospitalario y contarán también con camas
articuladas, tren elevador, barreras de protección y colchones
viscoelásticos. El modelo también contempla que existan
habitaciones para personas que se encuentran en estado terminal,
donde se garantice la intimidad y donde sus familiares puedan estar
solos con ellos para acompañarlos en sus últimos momentos de vida.
Oltra ha indicado que el nuevo modelo también contempla que los
centros se parezcan lo máximo posible a un hogar, con unidades
residenciales más reducidas y permitiendo que las personas puedan
traerse muebles y otros enseres de sus domicilios para decorarse su
habitación, "de manera que se sienta como en casa".
Las personas residentes también contarán con un profesional de
referencia, que se encargará de dar apoyo personalizado a cada
usuario en el día a día, desde un acompañamiento continuado y que
será el principal referente tanto para la persona mayor como para su
familia.
Las nuevas plazas concertadas también aplican ya la mejora de
ratio contemplada en el nuevo modelo y que implica una mejora del
marco normativo estatal pasando de 2 auxiliares cada 9 personas con
un grado 3 de dependencia, a 2 auxiliares por cada 7, además del
acompañamiento terapéutico de un equipo formado por profesionales
sanitarios y sociales.
El concierto social garantiza la transparencia, la publicidad y la
eficiencia para el interés público, y pone fin al carácter
subvencionador y graciable que tradicionalmente regía las
convocatorias dirigidas a este sector, eliminando la incertidumbre
que año tras año tenían las entidades y garantizándoles un marco
de estabilidad de 2 años prorrogables.
La formalización del concierto social en el área de personas
mayores corresponderá a un total de 2.087 plazas, 1.497
residenciales y 590 plazas en centros de día. Para la financiación
de estas plazas, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas dispone de un presupuesto de 77.236.890 euros
para el periodo 2019-2020.
El concierto también da una mayor estabilidad en los pagos que
trascenderá a una mayor estabilidad a los puestos de trabajo. Se
estima que pueda afectar positivamente a alrededor de 1.500
profesionales de centros de personas mayores en toda la Comunitat
Valenciana.
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