Once años después, los vecinos de Alfara de la Baronia ya no toleran más excusas

En el pleno del pasado 27 de enero de 2026, el PP presentó cuatro mociones al Ayuntamiento de Alfara:

El gobierno municipal del PSOE con el alcalde Carlos Herrera al frente votó en contra de las cuatro mociones, sin dar explicación alguna.

Como puede apreciarse, no se trata de mociones ideológicas ni partidistas, sino de actuaciones encaminadas a mejorar las instalaciones municipales y el bienestar de nuestros vecinos. Sin embargo, una vez más, el equipo de gobierno prefirió descalificarlas por el mero hecho de proceder del Partido Popular. Discrepar es razonable; rechazar sistemáticamente cualquier iniciativa del PP roza la irracionalidad.

En ese mismo pleno, el PP respondió a las declaraciones de una concejal socialista del gobierno, quien rechazó nuestra moción para rebajar impuestos y tributos a los vecinos, presentada en un contexto de superávit municipal —según datos del propio Ayuntamiento— superior a 900.000 euros. Una vez más, se recurrió al ataque al Partido Popular, como viene sucediendo desde hace más de diez años, con argumentaciones débiles y tergiversaciones que poco ayudan al debate serio y riguroso.

Resultó especialmente llamativo que, en un momento dado, el “rigor” en las cifras se sustentara en recortes de prensa y no en los datos oficiales que obran en poder del Ayuntamiento.

Se llegó incluso a afirmar que el gobierno del PP no bajó impuestos, cuando es fácilmente comprobable que se redujeron en tres ocasiones y que se dejó solicitada la revisión a la baja de los valores catastrales, aplicada finalmente en 2016, lo que supuso una rebaja aproximada del 30% y, por tanto, una reducción significativa del IBI.

También conviene recordar que en 2022 el actual gobierno socialista aprobó una subida del IBI urbano superior al 8%, que posteriormente calificó de “error” apenas dos meses antes de las elecciones. Tras once meses desde su aprobación —con dos plenos, una aprobación provisional, otra definitiva y dos publicaciones en el BOP— se remitió un escrito a la Diputación para frenar su aplicación. ¿Error o negligencia?

En cuanto al agua, se atribuye la subida actual al convenio firmado en 2005 con la concesionaria, ignorando que el coste del servicio se actualiza conforme al IPC. Se acusa al PP de incrementar el recibo para renovar la red, pero se omite que entonces las pérdidas de agua superaban el 60%, con el consiguiente impacto económico y constantes cortes de suministro.

En 2005 se firmó un acuerdo con Aguas de Valencia por el que la concesionaria adelantó una cantidad cercana a 234.000 euros —según cifras del actual alcalde— para acelerar la renovación de la red. Paralelamente, se solicitaron ayudas a la Diputación y a la Conselleria para su renovación integral y la instalación de una red de aguas pluviales que evitara inundaciones en la parte baja del municipio. Todo ello supuso un incremento aproximado de 2,35 euros mensuales en el recibo (hoy, según el alcalde, 3,4 euros).

Cabe preguntarse: si actualmente las pérdidas rondan el 10% y el recibo medio es de unos 30 euros mensuales, ¿cuál sería hoy el coste si no se hubiera renovado la red y se mantuvieran pérdidas superiores al 60%?

El PP ha manifestado siempre su disposición a trabajar por Alfara y a colaborar con el equipo de gobierno en los asuntos que sean necesarios. Sin embargo, parece más sencillo recurrir constantemente al pasado que asumir la responsabilidad de la gestión presente.

Tras casi once años de mandato, resulta difícil sostener un discurso basado en el enfrentamiento permanente. Gobernar exige responsabilidad, autocrítica y voluntad de diálogo. Y, sobre todo, exige pensar en los vecinos por encima de las siglas.