Reunión/EPDA La concejala de
Servicios Sociales e Igualdad, Micaela Bermúdez, ha mantenido una reunión con
los miembros de la mesa psicosocial de violencia de género del municipio de
Oropesa del Mar. Un encuentro en el que han participado la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas; la Subdelegación del Gobierno, con Rosa Marco
como jefa de la Unidad de Violencia Contra la Mujer; la Guardia Civil y Policía
local; así como la psicóloga y la coordinadora de los Servicios Sociales municipales.
En esta mesa
informativa, se han tratado los casos de violencia de género que hay activos en
la actualidad en el municipio. Oropesa del Mar registra un total de 49 casos,
de los que 26 se corresponden con casos de mujeres con riesgo alto y medio que
han sido analizados uno por uno. “Hemos constatado, tal y como ha ocurrido a
nivel nacional, que ha habido un aumento de casos motivado por el confinamiento”,
explica Bermúdez, quien recalca que “ahora las mujeres cuentan con muchos más
recursos a su alcance y sienten una mayor confianza y respaldo en las
instituciones para dar el paso de denunciar su situación”. Con todo, la edila
destaca que “vamos a seguir luchando contra cualquier forma de violencia de
género e invirtiendo fondos propios para hacerlo”.
“Oropesa del Mar
se ha definido, desde que empezamos a gobernar, como un municipio comprometido
contra la violencia de género, por lo que continuaremos trabajando, atendiendo
a las víctimas desde el departamento de Servicios Sociales y Policía Local y
llevando a cabo todas las acciones y actividades necesarias encaminadas a
concienciar y sensibilizar a la población”, señala la munícipe. Y es que la violencia
es “un problema estructural que afecta a toda la sociedad y necesitamos implicar
a la ciudadanía para conseguir erradicarlo”, añade Bermúdez.
Por otro lado,
la reunión también ha servido para tratar temas como la transferencia de fondos
estatales del Pacto de Estado de Violencia de Género a entidades locales, de
los que a Oropesa del Mar le corresponde este año casi el doble que en ejercicios
anteriores (4.355 euros); la nueva contratación del servicio 016 en el que se ofrece
una mayor atención a las víctimas y a todas las formas de violencia; y la elaboración
de una ley integral sobre la trata con fines de explotación sexual i/o laboral.
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