El Consell Juridic Consultiu ha dado un espaldarazo a la
política urbanística del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria al validar la
incautación de un aval de 1'9 millones de euros a la empresa urbanizadora del
programa de actuación integrada (PAI) Mas de Baló, propiedad de la familia del
ex presidente del Valencia Juan Soler, con el objetivo de construir un polígono
industrial cuyas obras están, actualmente, paralizadas desde hace más de un
lustro.
El pleno
municipal del Ayuntamiento de Riba-roja, paralelamente, ha ratificado los
puntos contenidos en el dictamen del Consell Jurídic al declarar los
incumplimientos del agente urbanizador, la resolución de tal condición
urbanística, la aprobación de las liquidaciones previstas para terminar las
obras, la ejecución de los avales y la ejecución de las obras por gestión
directa. Las propuestas del
pleno han salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno -PSPV,
Compromís y Esquerra Unida-, del Partido Popular y de Ciudadanos y con la
abstención de Riba-roja Pot.
El
órgano consultivo afirma en su dictamen público que procede "resolver la adjudicación de los
citados programas de actuación y los convenios urbanístico y declarar
extinguida la condición de agente urbanizador a la mercantil polígono Mas de
Baló, en las unidades de ejecución referidas" y que supone el aval a
la decisión que adoptó a finaes de enero el pleno municipal de Riba-roja de
Túria.
Las
obras para urbanizar el polígono industrial del Mas de Baló, en un área
estratégica de máxima importancia, se hallan actualmente paralizadas desde el
año 2008 a causa de la crisis económica y urbanística. La ubicación geográfica
de este polígono cobra mayor fuerza por su cercanía a las redes de
comunicación, especialmente por carretera con la nacional III y la autopista 7.
El
consistorio ha constatado que desde el año 2008 "el urbanizador no ha destinado ningún recurso a lo largo de estos
años, por mínimo que fuera, a resolver los problemas pendientes y a finalizar
la urbanización, consistente en las zonas verdes, completar el desvío
eléctrico, terminar y reponer en marcha la depuradora" aunque matiza
que tan solo se ha realizado "la red
exterior de agua potable, sin que estas obras hayan sido pagadas por el urbanizador
y sin aportar la documentación que garantiza la idoneidad de las mismas".
El Ayuntamiento
de Riba-roja de Túria asumirá de forma directa la gestión de las obras de
construcción que faltan por concluir en este programa urbanístico cuya coste
económico "alcanza los 1'2 millones
de euros que se financiarán con los 1'9 millones que el pleno ha aprobado
incautar del aval que en su momento depositó la empresa, previa adjudicación de
la misma".
El
incumplimiento en la ejecución de las obras queda avalado con los informes
técnicos municipales del ingeniero, el arquitecto y el informe conjunto
rubricado entre la secretaria y el arquitecto. El pleno, además, ha rechazado
las alegaciones que en su momento presentaron la empresa adjudicataria de las
obras, la entidad bancaria financiadora y otra mercantil participada en la
adjudicación.
El
Consell Jurídic Consultiu matiza, no obstante, que la incautación de los 1'9
millones de euros tendrá en cuenta "las
obras de urbanización concluidas alrededor del 80% sobre el total y que el
ayuntamiento toleró durante años la completa paralización de las obras"
y, por ello, este órgano consultivo aboga por actuar con dosis de "proporcionalidad" al tiempo
que recuerda que en ningún momento se impusieron penalidades económicas por los
incumplimientos.
El alcalde
de Riba-roja, Robert Raga, ha afirmado que con la adopción de las medidas para
incautar el aval bancario "se pone
el punto y final a una situación paralizada desde hace 7 años para llevar a
cabo unas obras muy importantes que permitirán apoyar y revitalizar el tejido
industrial como factor importante para la creación de puestos de trabajo en
nuestro municipio".
El munícipe
ha añadido que el ex presidente del Valencia Juan Soler "ha dado muestras sobradas de sus ansias por ganar dinero a costa
de los ciudadanos y propietarios de Riba-roja sin importarle el mínimo rubor
las cantidades indecentes que en materia de plusvalía obtuvo a lo largo de
todos estos años, con la complicidad y la impunidad del anterior gobierno del
Partido Popular".
De
hecho, el PAI consta de 500.000 metros cuadrados en el que se incluyen los
50.000 metros correspondiente al excedente de aprovechamiento por un total de
5'8 millones de euros -116 euros el metro cuadrado- por su carácter de suelo
agrícola protegido. Sin embargo, en menos de un año, los terrenos multiplicaron
su valor económico en más de un 300% al pasar de los 116 euros el metro iniciales
a los 350 euros, lo que supuso plusvalías de hasta 12 millones, ya que los 5'8
millones del valor total del suelo del principio pasaron hasta los 17'5
millones de euros al final tras el proceso de recalificación de los mismos, de
suelo agrícola protegido a terreno industrial.
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