Piden cárcel para Sancho por favorecer a Egevasa en Canet tras ser sobornado

1. acusados
Entre los acusados está José Antonio Sancho Sempere, ex secretario municipal de Canet que ya pasó 6 meses de cárcel preventiva en Picassent junto a Rafael Parra Mateu como presuntos cabecillas de la ‘trama de las asesorías’ y ha sido condenado a 2 años de cárcel por sobornar a la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals, Natividad García, ambos pendientes de entrar en la cárcel a falta de que el Gobierno de Rajoy resuelva su petición de indulto; Marcial Alcalá, como director de los servicios jurídicos de la entidad Egevasa y José Ignacio Maruenda García Peñuela, miembro de la Academia Valenciana de Juristas (AVJ); así como las propias AVJ, considerada un chiringuito de Sancho y Egevasa.

1. desfile de testigos
Como adelantó en exclusiva Elperiodicodeaqui.com esta investigación contará como testigos con la ex alcaldesa de Canet, Amparo Mañó (EU); el ex concejal Ernesto Forner (EU); el todavía edil Ximo Pons (Compromís); los funcionarios Salvador Vidal (técnico en Contratación y mano derecha de Sancho), María del Carmen Pérez Osca (técnico de Urbanismo y Magdalena Lapiedra (entonces interventora), además del ex secretario Eliseo Durá. Además, como testigos también irán Cristina Gimeno y dos personas próximas a Sancho como Juan Jesús Gilabert e Ignacio Sancho, de la Academia Valenciana de Juristas.

3.la acusación
El fiscal acusa a Egevasa -que ha abierto otra brecha entre Compromís y PSPV-PSOE respecto a qué posición tomar- de ‘‘idear un sistema de retribuciones para que dicho funcionario -en referencia a Sancho- le garantizase una prórroga en la concesión del servicio de aguas y que dicha tramitación administrativa en el Ayuntamiento fuera rápida y sin complicaciones, dado que en definitiva el acusado Sancho Sempere ejercía un control efectivo sobre dicho Ayuntamiento’’. La prórroga se produjo por un periodo de 25 años y el fiscal considera que para ello ‘‘Sancho Sempere se sirvió de la Academia Valenciana de Juristas’’ -un chitinguito ‘‘creado’’ por Sancho y que ‘‘controlaba’’, hasta el punto de que disponía ‘‘en exclusiva de sus cuentas’’ pero ‘‘no aparecía formalmente al exterior con el único propósito de evitar cualquier tipo de conflicto de intereses que como funcionario público tenía conforme a la Ley de Incompatibilidades del Sector Público de 1984’’. Por tanto, ‘‘el acusado Sancho Sempere confecciona cuatro facturas a nombre de la Academia Valenciana de Juristas, sociedad Instrumental, las cuales no obedecen a servicios realmente prestados y cuya única finalidad era recompensar los servicios que para Egevasa suponía la actuación ilegal de dicho funcionario en la ampliación del contrato de abastecimiento de aguas, eliminando cualquier publicidad y licitación pública del servicio’’. Las facturas fueron por importes de 27.840 euros, 31.320 euros, 33.640 euros y 5.310 euros. En este apartado, interviene José Ignacio Maluenda García Peñuela, miembro de la AVJ que llegó a hacer un informe ‘‘el cual no sólo está vacío de contenido jurídico, de tal forma que contiene tan sólo 20 páginas reproduciendo la mayoría de ellas textos legales, sino que no sirvió para nada, dado que la planta de ósmosis nunca se realizó al no tener desde el principio Egevasa intención alguna de realizarla’’. Maluenda era un peón más del entramado de Sancho, según el fiscal, puesto que ‘‘dicho acusado (...) se encontraba vinculado laboral y profesionalmente con el acusado José Antonio Sancho Sempere a través de algunas de sus asociaciones o sociedades instrumentales, desarrollando su trabajo en la sede física de todas ellas, participando en la confección de las restantes facturas emitidas por la AVJ’’.

4. petición de condena
Por todo este entramado, el fiscal Anticorrupción les acusa de cohecho, esto es, soborno, y pide para Sancho ‘‘la pena de prisión de cuatro años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, inahbitación especial por 12 años’’ y multa de 73.000 euros; para Marcial Alcalá, ‘‘pena de cuatro años de prisión, inhabilitación por 10 años’’ y multa de 54.700 euros; a José Ignacio Maruenda, tres años de prisión, inhabiltación de diez años para el desarrollo de cualquier función pública y el ejercicio de abogación’’, más multa de 10.950 euros; ‘‘la disolución’’ de la Academia Valenciana de Juristas y multa de 730.000 euros; y a Egevasa, empresa mayoritariamente pública de la Diputación de Valencia, le pide 1.825.000 euros de multa e ‘‘inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un plazo de diez años’’.