Eduardo del Pozo. EPDA La plataforma y almacén de gas submarino Castor, a 21 kilómetros de la costa de Vinaròs (Castellón), es una pifia más de las muchas con las que nos ha deleitado el bipartidismo, y en este caso, el PSOE.
En 2008 se aprobó el proyecto Castor y la concesión se otorgó a la mercantil Escal UGS. Su coste, a 31 de Diciembre 2011 era de 1.193,5 millones de euros, un 89,54 por ciento más de lo previsto. Pero es que, para más despropósito, no se hizo como en el almacenamiento de Yela en Brihuega (Guadalajara), sino que el Gobierno socialista incluyó una cláusula abusiva en la que, en caso de reversión, se garantizaba la devolución de la inversión a la empresa concesionaria.
En 2012, se empezó a inyectar gas, pero los más de 500 movimientos sísmicos ocasionados hicieron que, en 2014, ante la alarma y presión social, el Gobierno del PP dispusiera el cierre temporal e hibernación de la planta, teniendo que abonar el Estado a la promotora 1.350 millones de euros, que adelantaron tres entidades bancarias y que, hace unos días, el Tribunal Supremo ha sentenciado que debe pagarlos el Estado.
Enagás S.A., que tiene bien engrasadas sus puertas giratorias, cuenta en su Consejo de Administración con los renombrados socialistas José Blanco y José Montilla (quien, en 2006, siendo ministro de Industria dijo que el Proyecto Castor "era urgente, necesario y prioritario"). Esta empresa es la encargada de la hibernación de la planta, con un coste anual para el Estado de 15,7 millones de euros. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que la factura del desastre se socializará entre todos los españoles hasta alcanzar los 4.731 millones de euros, a los que hay que añadir un 4,27 por ciento de interés anual como indemnización por treinta años.
Los afectados por los seísmos de las provincias de Castellón y Tarragona están representados por la plataforma APLACA, quienes están personados como acusación particular en la causa por delito medio ambiental que se instruye en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Vinaròs, y en el que están procesados dos directivos de la empresa adjudicataria.
Todo este conglomerado de despropósitos hizo que Ciudadanos decidiera intervenir, escuchar la voz de los afectados, recopilar información y presentar una Proposición No de Ley (PNL) en les Corts Valencianes, para que el Consell instara al gobierno de España a establecer responsabilidades públicas, garantizar el desmantelamiento de la instalación sin repercusión económica para la ciudadanía y realizar una auditoría técnica para determinar la responsabilidad de la concesionaria Escal UGS y las posibles irregularidades o negligencias.
En dicha PNL, Cs también instaba a llevar a cabo una investigación para dirimir responsabilidades en el procedimiento administrativo y la concesión del proyecto. La iniciativa exigía, además, que se evaluaran las posibles responsabilidades del Gobierno en la adjudicación y la valoración en un proceso sin concurrencia pública de las posibles cláusulas abusivas (1.350 millones de euros), así como que se hiciera un análisis geológico de la zona afectada para reducir la probabilidad de que vuelvan a ocurrir sucesos de este tipo.
La propuesta resultó en su momento aprobada por los grupos de Les Corts, excepto el voto en contra de VOX y la abstención del PSOE. En cuestión de pocas semanas, en el mes de enero, se cumple el plazo para que el Consell informe a Les Corts del trabajo realizado en cuanto a los puntos aprobados en la propuesta. Desde Ciudadanos estaremos expectantes a sus respuestas, que deben ser claras y resolutivas. No aceptaremos explicaciones vacías y sin contenido, ni vamos a dar normalidad a lo que no lo es, porque la ciudadanía, a la que todos representamos, necesita de políticas útiles, responsabilidad y transparencia en la gestión de lo público.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia