Una de las empleadas de una de las residencias. EPDA Plena
inclusión calcula
que la compra de
EPI (Equipos de
Protección
Individual), con
los que preservar
del contagio de
COVID19 a una
persona en un
centro
residencial,
supone un
desembolso diario
de 2,80€. Al
multiplicar esta
cifra por 21.250
(17.000 personas
con discapacidad
intelectual+4.250
profesionales que
les atienden) se
visibiliza un
gasto diario de
59.500€ para
atender al millar
de centros
residenciales
(residencias y
pisos tutelados)
que el movimiento
asociativo
coordina en todo
el Estado.
"Estimamos
un gasto total a
la semana de
416.500€ para
proteger de la
pandemia a las
personas con
discapacidad
intelectual y los
profesionales que
están, desde hace
seis semanas, en
los mil centros
residenciales que
gestionamos en
toda España",
explica Santiago
López, presidente
de Plena inclusión
España, quien
reclama ayuda
urgente a las
administraciones
públicas para
comprar EPI
(mascarillas,
batas, calzas,
gorros, guantes y
gel
hidroalcohólico)
con los que
prevenir más
contagios.
"También queremos
visibilizar el
inmenso esfuerzo
que están
realizando
profesionales y
las familias en un
periodo tan
difícil", recalca
López.
Desde
el inicio del
confinamiento, 140
personas con
discapacidad
intelectual han
fallecido víctimas
de la enfermedad y
1.828 han
resultado
contagiadas en los
centros
residenciales de
Plena inclusión,
la confederación
que agrupa a 935
asociaciones que
defienden los
derechos y la
dignidad de las
personas con
discapacidad
intelectual, TEA y
parálisis cerebral.
Plena
inclusión y su patronal AEDIS exigen que los gobiernos autonómicos, que
son la administración con competencia en servicios sociales, reconozcan
a los servicios de apoyo en Centros Ocupacionales, Centros de Día y de
Atención Temprana como parte de los servicios esenciales, y de este modo
les garanticen el apoyo económico que les corresponde. “Nos preocupa la
decisión adoptada por algunas comunidades autónomas de suspender los
contratos de servicios de atención a personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo”, explica Bernabé Blanco, presidente de AEDIS.
Plena
inclusión y AEDIS recuerdan que dichos servicios están dando apoyo
telemático, ofreciendo asistencia de urgencia y colaborando en las
medidas de lucha contra el COVID 19 desde el principio de la crisis
sanitaria y que resulta vital que lo sigan haciendo. Se trata de
servicios esenciales que ofrecen recursos sociales, emocionales y de
hábitos saludables a un colectivo con especiales dificultades. Tanto los
trabajadores como familias han realizado un gran esfuerzo para seguir
prestando los servicios de manera no presencial
“Reclamamos
a las administraciones públicas que no dejen en una situación de
abandono e inseguridad jurídica a entidades sociales que hacen una
contribución esencial para las vidas de cientos de personas en situación
de gran vulnerabilidad”, reclama Blanco y apunta: “Respecto a los
servicios sociales se debería seguir el ejemplo del ámbito educativo
donde no se han resuelto estos convenios”, ha subrayado el presidente de
AEDIS.
Plena
inclusión solicita al Gobierno Central que respetando las competencias
de las Comunidades Autónomas genere directrices de actuación y supervise
que la transferencia de fondos se destine al refuerzo de los sistemas
de servicios sociales.
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