Esta semana en
València, hemos vivido una situación de enorme represión y
violencia por parte de las fuerzas de seguridad en las movilizaciones
que siguieron a la detención y entrada en prisión de Pablo Hasél
y por las que Podem ha solicitado la comparecencia en Les Corts
Valencianes de la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana,
Gloria Calero, para "dar explicaciones de lo ocurrido" y
esta semana, la pregunta al President, Ximo Puig versará sobre este
asunto.
Pilar Lima que
además también fue hostigada durante la manifestación, ya ha
solicitafo que “se identifique a todos los agentes actuantes,
especificando grupos operativos y mandos policiales, medios y
superiores, así como el máximo responsable del operativo en
terreno, y se les tome declaración".
Desde un principio
se ha empleado una fuerza represiva desproporcionada hacia los
manifestantes, la intensidad de la intervención policial no tiene
correspondencia con las acciones de los manifestantes. La
desproporción y el sesgo ideológico de las intervenciones
policiales en nuestra ciudad es realmente inquietante. No resiste la
comparación la actuación del dispositivo policial en las
movilizaciones de esta semana, cuando ningún derecho fundamental
estaba en peligro, con la intervención que se despliega ante los
ataques y amenazas al derecho de manifestación que por parte de la
extrema derecha se realizan cada año el nueve de octubre.
Aunque actuaciones
posteriores se aumentó la cifra de detenidos, los ataques a los
manifestantes la tarde del 9 de octubre de 2017 por parte de grupos
ultras y neonazis se saldaron con cuatro detenidos. Sin embargo, el
19 de febrero de 2021 las movilizaciones a favor de la liberación de
Pablo Hasél se saldaron con ocho detenciones. Las cifras hablan
solas.
Ante una escueta
crítica en redes sociales por parte del alcalde Ribó a la actuación
del dispositivo policial, se respondió por parte de un sindicato
policial organizando una concentración en la plaza del Ayuntamiento.
Las manifestaciones y movilizaciones por parte de las fuerzas y
cuerpos de seguridad no pueden servir para excluir del examen público
la actuación del poder público, sobre todo en el caso extremo que
es el uso del monopolio de la fuerza.
Quienes creemos en
que el poder público debe garantizar el ejercicio seguro de los
derechos fundamentales, entre los que se hallan el de reunión y
manifestación, no estamos dispuestos a dejar de fiscalizar y
cuestionar las órdenes que las fuerzas de seguridad reciben de los
cargos políticos, en este caso la Delegada del Gobierno del PSOE,
Gloria Calero, responsable política en última instancia de estos
hechos y en su caso, de la mala praxis individual que pueda darse en
la aplicación de esas directrices.
Durante las últimas
prórrogas del primer estado de alarma, en pleno mes de mayo, el
Barrio de Salamanca, santuario madrileño de esas clases acomodadas,
protegidas por el estado hasta el extremo de quedar libre de las
bombas de la aviación franquista durante la Guerra Civil que
destrozaron el resto de la ciudad, nos sorprendió con unas
movilizaciones, bajo la forma de cortes de calles y manifestaciones,
que fueron conocidas como la revuelta de los cayetanos.
Los motivos
expresados por los manifestantes eran de lo más diverso; iban de la
negación de la existencia o peligrosidad del SARS COV 2 a que el
gobierno era responsable, de entre otras cosas ocultar la gravedad y
la magnitud de los efectos de la pandemia de la COVID19 en el estado,
pasando por reivindicaciones relativas a la economía o a aficiones
como la práctica del golf. Estas movilizaciones tuvieron un tenue
eco, sucursalista, como casi todo en la derecha en Valencia, en la
forma de unas concentraciones en las proximidades del cuartel de
caballería de la Alameda, edificio tristemente vinculado a nuestra
memoria antidemocrática más reciente.
Vistas desde fuera,
desde un afuera espacial y social, a distancia de Madrid y de la
clase social que se visibilizaba, si despertaban algo era envidia. En
primer lugar, desde la condición de militante de una de las fuerzas
del gobierno de coalición, era inevitable sentir envidia por la
capacidad de la esa clase social de percibir esos rasgos de extrema
izquierda en unas políticas que, con tremendos esfuerzos de nuestras
compañeras y compañeros con responsabilidades gubernamentales,
apenas consiguen acercarse a las políticas de protección social que
en otros estados de nuestro entorno forman parte de un suelo que ni
la derecha se atreve a cuestionar.
El otro motivo de
envidia tiene que ver con la forma de la movilización. La revuelta
de los privilegiados del mayo madrileño adoptó la fórmula de una
manifestación al menos doblemente irregular: por una parte, se había
prescindido de la preceptiva comunicación a la Delegación del
Gobierno y por otro, se incumplían las normas relativas a las
actividades permitidas por el decreto del estado de alarma. Desde
nuestros múltiples afueras, de clase, de ciudad, de barrio, veíamos
con estupor y sorpresa la relajada actitud policial con los que se
concentraban tarde tras tarde en el Barrio de Salamanca, después
haber asistido durante meses a exhibiciones de rigor securitario que
las fuerzas de seguridad empleaban para hacer cumplir las
restricciones del estado alarma.
Sin embargo, más
allá de la sorpresa y del cierto resquemor que provoca saber que una
no va a ser medida por el mismo rasero, sólo se puede reconocer que
desde una perspectiva democrática y de técnica policial, que la
actuación que se siguió por parte de la policía y la Delegación
del Gobierno con los manifestantes derechistas de los barrios altos
de Madrid fue la acertada, a diferencia que lo que sucedió poco
después en el barrio de Vallecas, con los manifestantes en defensa
de la sanidad pública frente a la Asamblea Regional. Pese a tener
que afrontar unas movilizaciones que eran de todo punto irregulares,
se optó por una intervención protectora del derecho de reunión y
manifestación, ponderando los riesgos de una escalada de violencia y
la oportunidad del uso de la fuerza por las fuerzas policiales. La
propia equipación de los efectivos policiales en esas
intervenciones, sin cascos ni protecciones, cubiertos con gorra y a
cara descubierta, ya transmitía un mensaje a los congregados.
La referencia a las
movilizaciones en los barrios de clase alta de Madrid en mayo no es
gratuita, sino que se propone como un ejemplo. Un ejemplo en el que
la actuación policial prioriza la seguridad y la integridad de la
ciudadanía, ejerciendo los derechos de reunión y manifestación,
incumpliendo normas de protección del orden público.
Sin embargo, es muy
preocupante que esa priorización de los derechos fundamentales tenga
un sesgo de clase e ideológico tan evidente al que la dirección
política de las fuerzas de seguridad y algunos de sus sindicatos
parecen ciegos. No pedimos otra cosa que ante movilizaciones
populares de izquierdas se apliquen los mismos protocolos y
parámetros que ante las movilizaciones de clase alta o aquellas
relacionadas con el hooliganismo futbolístico. Porque comparar unas
actuaciones y otras lleva a la conclusión ineludible de que la
represión ideológica está detrás de ciertas contundentes defensas
del orden público.
No es posible ni el
estado de derecho ni la normalidad democrática sin un escrutinio
constante del uso de la fuerza por parte de los poderes públicos.
Esto no es patrimonio de la izquierda, sino que es la base misma de
los principios del liberalismo político, unos principios que desde
la derecha, más autoritaria que liberal, se ignoran y que desde una
parte de la izquierda, más interesada en constituir el partido del
orden de la monarquía que en comprometerse con los avances sociales,
se olvida con demasiada frecuencia.