Adrián Navalón. /EPDA Las protestas se recrudecen y aunque la ultraderecha las intenta capitalizar a su favor, las soluciones que piden quienes protestan son las más alejadas del espectro de la derecha y la ultraderecha neoliberal. ¿Entonces qué hace la ultraderecha? Simplemente agitar el avispero, aprovechar el descontento e intentar aglutinarlo en torno al proyecto vacío que solo mueve las banderas.
Las protestas del campo piden mayor regulación, piden mayor protección de su producto frente a las poderosas cadenas de distribución y frente al capitalismo neoliberal que trae productos desde cualquier lugar del mundo haciéndoles competencia desleal. El precio del combustible, el precio de los fertilizantes y el precio de los piensos también están afectando al sector del campo. El gobierno ya ha sacado legislación para proteger al campo: prohibición de la venta a pérdidas y la ley de cadena alimentaria, pero ahora, con la situación actual, son necesarias más medidas. Es decir, es necesaria más acción pública, más política.
Por su parte, los camioneros y transportistas, (y unos cuantos colectivos profesionales más) han puesto el grito en el cielo por el precio de los combustibles. Evidentemente el combustible es un aspecto básico de la producción y de la logística y las subidas especulativas de los últimos días están poniendo a profesionales y también a la ciudadanía contra las cuerdas. Negar esto es estar lejos de la realidad. Todo sube, la inflación se dispara y todo el mundo (armado de razones) pide, de nuevo, medidas y políticas públicas.
Parece existir un fuerte consenso social en que estas reivindicaciones son en buena medida justas y apropiadas. Hay, además, mucha empatía social con la lucha del campo y de los transportistas. Hay también un importante consenso en que son necesarias más medidas. ¿Pero a qué responden estos problemas que señalan agricultores, ganaderos y transportistas? Responden a un problema común para otros muchos sectores sociales y que llevamos señalando ya mucho tiempo: un sistema que protege al gran capital en su diversas formas (oligopolio energético, oligopolio de la distribución, aristocracia latifundista); un sistema que desprotege a las personas humildes. Los de arriba contra los de abajo, como siempre.
Este mismo problema se manifiesta también cuando decimos que el alquiler a precios desorbitados hace mucho daño social: quien tiene capital inmobiliario aprovechándose de quienes no lo tenemos. Y para esto también es necesaria intervención pública para, simplemente, equilibrar las fuerzas. Este mismo problema se manifiesta cuando decimos que hay que intervenir el precio de la energía y que hay que hacer una empresa pública. Este mismo problema se manifiesta también cuando vemos como las grandes multinacionales destrozan el medio ambiente de las personas o cuando las patronales presionan para impedir o dificultar la subida de los salarios. Los de arriba contra los de abajo y contra los de más de abajo todavía.
Hemos de evitar llegar a equívocos. Solo las respuestas que llevamos años trabajando y comunicando desde la izquierda en favor de profundizar en un estado social y de derecho son las únicas que pueden hacer de este sistema un sistema más justo en las buenas y en las malas. Lo que no parece muy justo es que la actuación pública se apoye socialmente para según que colectivos y para según que situaciones. Las medidas que hoy se exigen, las medidas que tanto tiempo llevamos reclamando, no deben ser únicamente medidas conyunturales para momentos de crisis sino que nuestra apuesta es que esas medidas (regular el mercado energético, la distribución, el alquiler etc.) sean estructurales y creen un estado de derecho más fuerte como modelo de estado.
Es importante que más allá de cada lucha concreta conectemos el patrón que las une a todas, un patrón muy antiguo, tan antiguo como el surgimiento del capitalismo. La derecha y la ultraderecha quiere un Estado raquítico que no proteja a nadie más que a ellos; para la ciudadanía la ley de la selva.
Nosotros, sin embargo, creemos en el Estado como la reunión de los intereses de todos y solo así, como la gran asamblea, el Estado adquiere el deber de protegernos a todas y cada una de las personas. Es importante que seamos capaces de aunar esfuerzos para levantar un proyecto común como sociedad y con especial participación de los de que siempre hemos sido los de abajo, porque somos mayoría. Solo juntos, con solidaridad y justicia, y con más y mejores derechos, haremos un país mejor.
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