Pujol se irá de rositas

La llegada del juicio del “caso Pujol” cuando el expresidente de la Generalitat ya roza los 95 años no es una casualidad histórica, sino la mejor demostración de que en España el tiempo es una herramienta política tan eficaz como cualquier ley. Jordi Pujol, quien dirigió Cataluña entre 1980 y 2003 y se convirtió en socio imprescindible tanto de Felipe González como de José María Aznar —dos presidentes de signo diferente pero igualmente necesitados de sus votos—, ha logrado que el calendario juegue a su favor. Y lo ha hecho con una precisión quirúrgica.

Que el juicio llegue ahora, cuatro décadas después de iniciarse el pujolismo, cuando sus protagonistas están envejecidos o directamente desaparecidos, permite una conclusión amarga: el sistema nunca quiso que Pujol tirara de la manta, porque hacerlo implicaba desvelar dependencias, pactos bajo la mesa y equilibrios de poder que sostuvieron la gobernabilidad de España durante más de dos décadas. La estabilidad del país, en realidad, siempre tuvo un precio, y ese precio incluía mirar hacia otro lado.

Pujol no fue solo un presidente autonómico. Pujol y Cataluña eran lo mismo con sus mayorías absolutas aplastantes. Fue el auténtico árbitro de la política estatal, capaz de sostener o derribar gobiernos y de convertir los presupuestos generales en una negociación permanente. Ese poder, por supuesto, no se ejercía gratis. La supuesta existencia de una estructura económica familiar paralela, de la que tanto se ha hablado y tan poco se ha probado en términos judiciales, convivió durante años con una tolerancia institucional que hoy resulta sonrojante. Ferrusola pasó a mejor vida y su marido no tardará y se irá también de rositas.

Ahora, cuando la causa llega finalmente a juicio, todo parece preparado para un desenlace suave, casi simbólico. Se sienta en el banquillo un Pujol de 95 años al que ya no se le puede exigir responsabilidad política y al que difícilmente se le exigirá una penal. El tiempo ha sido la mejor defensa, porque los procesos se dilatan, los testigos se pierden, los documentos se disipan y la memoria se vuelve selectiva.

A estas alturas, el juicio no esclarecerá nada profundo. No se sabrá qué sabía exactamente el Gobierno central, ni qué concesiones se hicieron, ni qué secretos guardó Pujol a cambio de mantener España gobernable. Lo único claro es que, en un país donde la justicia llega tarde, los poderosos casi siempre llegan antes al final del camino. Y que Jordi Pujol, una vez más, parece haber ganado la partida.