Quart de Poblet participa en el proyecto europeo SmartGov, dotado con 1.650.000 euros de la Unión Europea

Bartolomé Nofuentes, diputado y concejal de Quart de Poblet, en la presentación. EPDA

Quart de Poblet se ha sumado al proyecto europeo SmartGov, beneficiado con 1.650.000 euros de la Unión Europea, convirtiéndose así en el escenario en el que este se implantará y desarrollará.

Se trata de un proyecto en el que, bajo la coordinación de la Danube University Krems (Austria), numerosas empresas y universidades colaboran, entre ellas, la pyme paternera Kenus Informática.

Junto a Quart, la otra ciudad en la que se probará el proyecto será la ciudad chipriota de Limassol. Además, participan la Delft University of Technology (Países Bajos), la Active Solution AG ME (Austria), la Interfusion Services Limited (Chipre) y la Cyprus University of Technology (Chipre).

El diputado de Proyectos Europeos Bartolomé Nofuentes ha señalado la importancia de que las instituciones colaboren y apoyen a las pymes y microempresas valencianas, fusionando sinergias para que, entre todas, se potencie al crecimiento de la economía y la creación de puestos de trabajo.

De igual manera, Nofuentes ha insistido en que se está cumpliendo uno de los objetivos de la nueva corporación, al permitir que las empresas valencianas también participen en los proyectos europeos y reciban ayudas de la Unión.

El proyecto SmartGov tiene como objetivo crear nuevos métodos inteligentes de gobierno y apoyar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para potenciar un sistema efectivo de comunicación y de toma de decisiones que incluya a los ciudadanos.

Es decir, se trata de herramientas que permiten conocer el impacto que tienen las decisiones políticas en los ciudadanos, permitiendo que a la hora de realizar los diferentes proyectos se tenga en cuenta su opinión y demandas.

Para ello, se pretende recoger y analizar la información de redes sociales, periódicos y blogs. Una información que será utilizada para simular situaciones en las que la administración pública tenga que tomar decisiones, de forma que se prevea la reacción de los ciudadanos y los grupos de interés antes de ejecutar nuevos programas públicos.