Queda visto para sentencia el tercer juicio del caso Imelsa, el segundo a Alfonso Rus

La Audiencia de Valencia ha concluido este lunes el tercero de los juicios del caso Imelsa por el supuesto amaño del servicio de atención telefónica de la Diputación, el segundo en el que se ha procesado al expresidente de la corporación provincial y exalcalde de Xàtiva con el PP, Alfonso Rus.

En este juicio, que comenzó el pasado 25 de abril, se han sentado en el banquillo Rus y otras seis personas, entre ellas el exgerente de Imelsa y autondenominado 'yonqui del dinero', Marcos Benavent, su exsuegro, Mariano López, dos de sus familiares y dos funcionarios de la Diputación de Valencia.

El fiscal ha pedido penas de prisión de 8 años para Afonso Rus, 7 para Mariano López, 4,5 para Benavent, 6 para los funcionarios y 3 para los familiares de López.

Rus espera sentencia por otra de las piezas del caso Imelsa, la supuesta contratación ilícita de personal que no acudía a sus puestos de trabajo en la empresa pública provincial Imelsa, que quedó vista para sentencia el pasado mes de marzo.

Los hechos juzgados se produjeron entre 2013 y 2016, cuando Imelsa, empresa pública de la Diputación -posteriormente denominada Divalterra-, adjudicó a la empresa Servimun SL el contrato para la prestación de servicios a través de un centro de atención telefónica y telemática ('call center') a los contribuyentes de los municipios que delegaban en la corporación provincial la gestión y recaudación tributaria.

Según la información recabada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la empresa adjudicataria del contrato recibió de Imelsa entre agosto de 2013 y enero de 2016 un total de 930.000 euros, de los cuales cerca de 200.000 acabaron en cuentas controladas por el exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López.

Como en los anteriores juicios, han sido claves las conversaciones que Benavent grabó durante años -y que su exsuegro llevó primero a la diputada de EU Rosa Pérez (actualmente consellera) y posteriormente a la Fiscalía-, así como la colaboración que mantuvo con la Justicia durante los primeros años de instrucción. 

En su informe final, el fiscal Pablo Ponce detalló que fue Benavent quien reveló el supuesto amaño. "Nos dijo que fue un regalo, un favor que le hizo Alfonso Rus a Mariano López, porque era su amigo y, al parecer, no iba muy allá de dinero", ha detallado.

Según el responsable de la Fiscalía Anticorrupción, "Rus le dijo a Benavent que atendiese a Palomares -propietario de Servimun- y a Mariano López, y se puso en marcha la maquinaria administrativa. Esto no fue una adjudicación bajo precio, sino que fue un favor que pidió Mariano López a Rus".

El principal sustento de esta tesis fue el testimonio de los agentes de la UCO de la Guardia Civil, que consideraron "evidente", tras el análisis de los correos electrónicos de los procesados, que "se dieron indicaciones para dirigir la adjudicación y las valoraciones de las ofertas".

Según explicaron en su comparecencia, Benavent les dijo que aquel contrato estaba amañado en virtud de un "favor" que se le hizo a su exsuegro, que fue presidente de los empresarios de las comarcas centrales.

Por el contrario, las defensas han vuelto a esgrimir la supuesta nulidad de la causa por la forma en la que Mariano López obtuvo las grabaciones que Benavent hizo durante años.

Especialmente reivindicativo en este capítulo ha sido el abogado de Alfonso Rus, quien recordó al tribunal que López "ya dijo al fiscal que las grabaciones no procedían de su ordenador, sino de un disco duro que pertenecía a Benavent, que éste lo pudo retirar de la casa de su exmujer tras su divorcio. No lo cedió, no lo abandonó, no permitió su uso".

"López habló de este disco duro a la UCO y al fiscal, pero se le dijo que no querían saber nada de ese disco duro, porque era de Benavent, y con toda seguridad almacenaba datos, vídeos, que demostrarían que era de su propiedad y que por tanto acreditarían que se vulneraron sus derechos al acceder al mismo sin su permiso", según el letrado.

A esto mismo ha apelado Rus este lunes en su derecho a la última palabra -ha sido el único procesado que ha intervenido-, cargando especialmente contra el anterior fiscal Anticorrupción, Vicente Torres.

En su opinión, la macrocausa Imelsa nació de un "contubernio" ideado supuestamente por el ex fiscal Anticorrupción Vicente Torres -actualmente magistrado del TSJCV- y la consellera Rosa Pérez Garijo.

"En este juicio lo único que he visto claro es que se ha divagado, se ha intentado ir contra mi persona y lo han logrado; hubo un contubernio entre el Ministerio Fiscal, Vicente Torres, y la diputada (de Esquerra Unida) Rosa Pérez, que montaron esta historia", bajo la "promesa", según Rus, de "elevar al estrellato" y "gratificar" al exfiscal, en referencia a su elección política como magistrado en el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

"Metieron en esto a Rita Barberá, Paco Camps, Eduardo Zaplana y Alfonso Rus. A Zaplana le metieron un papel en el despacho de un abogado -en referencia a los conocidos como "papeles del sirio", que halló la UCO en el despacho de Marcos Benavent-. Pero hasta el momento no he oído ninguna prueba contra mí. Dijeron que tenía cuentas y empresas en Brasil, y no he ido desde 1978", ha agregado en la última sesión y visiblemente nervioso.