Juan Carlos Galindo. FOTO EPDA Permítanme
que tome por
título de este artículo un cartel que algún grupo parlamentario puso
ayer por lamañana en el sillón del que fuera Diputado por las
Cortes Valencianas Sr Bl
asco (he intentado cambiarlo pero no
encuentro el sinónimo apropiado) y que les
realice un resumen de que es el caso “cooperación”:
Proceso judicial relacionado
con la desviación de fondos públicos entre 2008 y 2010, destinados a
solidaridad y cooperación internacional, y que finalmente acabaron en una red
de ONGs concebidas a tal fin (Fundación Cyes, y Fundación Entre Pueblos2
entonces, Fundación Hemisferio luego), bajo la batuta de Rafael Blasco Casany y
Conseller de Cooperación de la GV, siendo entonces Pdte. De la misma Camps.
La investigación parte de
una denuncia del PSOE en la CAV en Octubre de 2010 raíz de una denuncia privada
de algún funcionario público, continuada por otra de Compromís poco después,
ante la Fiscalía anti corrupción. En Abril de 2011 se inicia la investigación
judicial
En Mayo de 2011 (Elecciones
Autonómicas y Municipales) Rafael Blasco deja de ser Conseller y en Mayo de
2012 Portavoz del PP. En Noviembre de 2012 el Conseller de Hacienda José Manuel
Vela es captado en las Cortes por los MMCC pasando información trascendente
(aparentemente sobre el caso) al diputado Rafael Blasco. Tras el escándalo, el
Conseller dimite.
En Junio de 2013 se imputa a
Rafael Blasco, que tan sólo abandona (aunque vota con él) formalmente el grupo
Parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, continuando como diputado no
adscrito.
Ayer día 28/5/14, más de 3
años después de iniciados los trámites judiciales, se dispuso de sentencia por
parte de la SALA DE LO CIVIL Y PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA.
Junto con Rafael Blasco, se
ha procesado a otras personas de la Consellería de Cooperación: Alexandre Català (subsecretario), Josep Maria Felip
(director general), Marc Llinares (jefe del servicio), Xavier Llopis (jefe de
Gabinete), Tina Sanjuán (secretaria general administrativa)
Y por las
ONGs implicadas: Marcial López (presidente de la Fundación Cyes) Josefa Cervera
(trabajadora de Cyes) y Augusto César Tauroni (empresario y principal imputado
como beneficiario directo de la trama).
A todos
ellos se les acusa de tráfico de influencias, falsedad, prevaricación, malversación
y fraude en la concesión a la Fundación Cyes. El importe que se estima defrauda
del erario público asciende a 3,5 millones de euros.
SENTENCIA Y CONDENAS:
1.
Rafael Blasco: 8
años de cárcel y 20 de inhabilitación absoluta por el fraude en las ayudas de
cooperación al desarrollo, como jefe de la red por los delitos de: malversación de caudales públicos, tráfico
de influencias, prevaricación administrativa y delito continuado de falsedad en
documento oficial.
2.
Augusto César
Tauroni, a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación absoluta;
3.
Tina Sanjuán: 7
años y 6 meses de prisión;
4.
Marc Llinares y
Alexandre Català: ambos a 4 años y 6
meses de prisión y 7 años de inhabilitación;
5.
Xavier Llopis: 3
años de prisión y 2 de inhabilitación;
6.
Marcial López: 4
años de prisión y 6 millones de euros de multa;
7.
Josefa
Cervera: 3 años y medio de prisión y
multa de 4 millones de euros,
8.
Josep Maria
Felip: 7 años de inhabilitación.
Además,
Tauroni, López y Cervera han sido condenados al pago conjunto y solidario de
una indemnización a la Generalitat de 1,7 millones de euros. La responsable
civil subsidiaria es la Fundación Cyes.
Lo ahora juzgado es tan sólo
la primera de las 3 piezas judiciales en que se ha fraccionado el Caso
Cooperación.
Bueno, llegados aquí y
realizada una exposición de los hechos, queda felicitarnos por la sentencia y
analizar el por qué se produjeron los delitos y si estos se pueden evitar en el
futuro, porque si este tipo de casos no se pudieran evitar y si además no
devuelven el dinero defraudado…. nuestra sociedad está abocada a una revolución
Bolivariana y esta no sería buena, créanme, me explico:
Y si les dijera que esto se
podía haber evitado, y si les dijera que este tipo de procesos de fraude en el
sector privado están bastante acotados y controlados, y si les dijera que las empresas deben de tener un modelo de PREVENCION DE DELITOS obligados por la ley, probablemente me
dirían… NO PUEDE SER ¡¡ como el sector público que maneja nuestro
dinero no tienen medidas para prevenir este tipo de delitos? Y el sector
privado si. Pues no las tiene¡¡
El actual gobierno en la Comunidad Valenciana
no quiere ni oír, ni saber, de medidas para PREVENIR LA CORRUPCION
(me consta, nadie se atreverá a negarlo) entre otras cosas, por se ha
convertido en un “modus vivendi “, un
modus vivendi sin control y sin medidas preventivas para por lo menos, paliar o
reducir casi a la nada, los casos de corrupción.
Miren ustedes, tenemos que
exigir a nuestros políticos con cargo público y altos funcionarios que sean
ejemplo, ellos y por supuesto las administraciones que representan y si
seguimos así no nos van a representar, ni ellos, ni TENDREMOS RESPETO A LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS.
Como podemos defender que
las administraciones locales, las autonómicas e inclusive estatales, estén al
margen de controles preventivos, que si tenemos que hacer los ciudadanos o
entidades de derecho privado OBLIGATORIAMENTE ¡
Tan solo con que existiera
un plan de prevención de delitos en las
administraciones públicas (con un canal de denuncias interno con plenas
garantías de privacidad), que alguna de las posiciones de intervención de las
diferentes administraciones tuviera que realizar alguna medida de la ley de prevención
de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y existiera la
responsabilidad civil para los penados en casos de corrupción, otro gallo nos
cantaría.
Les pongo un ejemplo gráfico,
si se hubiera comprobado que la finalidad del dinero de la subvención se hubiera
correspondido con la realidad, se
hubiera evitado. Si además, las subvenciones se dieran progresivamente a
modo de certificaciones periódicas verificables, se hubiera evitado.
Los casos como el de BLASCO avergüenzan a cualquiera y son un
duro golpe a la imagen de las administraciones públicas, pero sobre todo dañan la imagen de algunos políticos que si trabajan
por los ciudadanos y si tienen las ideas claras, apostando por modelos de
transparencia pública y política, modelos de regeneración democrática, modelos
de prevención integrales dependiendo de cada administración pública y sobre
todo, predicando con el ejemplo.
No me gustaría terminar sin
comentarles que la corrupción pública tiene solución, es decir, podemos
terminar con ella, solo necesitamos VOLUNTAD
POLITICA y un profundo cambio ordenado,(sin estridencias marxistas y
seudogolpes de estado a la economía de mercado bajo el paraguas de la
democracia), de las administraciones sin
modelos preventivos a las administraciones
con modelos preventivos y de
transparencia absoluta, que por supuesto, el gobierno actual no puede acometer
con garantías de éxito, ya que la “mochila de los casos de corrupción” es una
carga muy pesada que lastra la reacción política ,ya que esta queda supeditada
a los casos de corrupción “In pectore”.
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