Raquel Pérez (EUPV) pide ilegalizar la Falange de Alicante por apología del fascismo

La diputada de EUPV Raquel Pérez estuvo ayer en el municipio de Callosa del Segura dando apoyo a sus compañeros en el equipo de gobierno de la localidad – Antonia María Cáscales Pacheco, Ismael Ballester Zaragoza y Ruben Manresa Mira – tras las agresiones verbales por parte de varios miembros de la Jefatura Provincial de Alicante de la Falange, que se produjeron el pasado jueves en el pleno municipal después de la aprobación de la retirada de la Cruz de los Caídos que rinde tributo a José Antonio Primo de Rivera. Pérez ha condenado los ataques y recuerda que su partido el pasado octubre solicitó la ilegalización de cualquier organización, partido, fundación o asociación que ensalce, justifique o fomente la ideología, la violencia y todos los actos que el franquismo ejecutó y promulgó. También indica que la apología del fascismo está tipificada en el código penal con condenas de cárcel hasta cuatro años y lamenta que en la misma semana hayan tenido que soportar varias agresiones fascistas. La última, el pasado viernes en la sede de EUPV/PCE en la ciudad de Alicante, la cual apareció con varias pintadas.

La portavoz de EUPV en la Diputación de Alicante ha declarado que “un partido político, como la falange, en el marco electoral español que concurre a las diferentes elecciones para gestionar las instituciones públicas democráticas, no puede declararse heredero del franquismo. Por ello, les instamos a que se desmarquen de estas acciones de enaltecimiento del fascismo o solicitaremos el inicio del proceso de ilegalización de la falange en Alicante”.

La formación de izquierdas presentará una propuesta en el próximo pleno de la Diputación de Alicante solicitando que se cree una partida de 50.000 euros con el objetivo de subvencionar a las localidades para realizar la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura que aún no se hayan retirado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 52/2007 Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, que haya en lugares públicos de los municipios.

Pérez indica a este respecto que “somos conscientes de las dificultades económicas que la retirada de esta simbología conlleva en los presupuestos de muchos municipios, que aun deseando realizar esta tarea de limpieza fascista y renovación democrática se ven obligados a posponer estas actuaciones y consecuentemente vulneran el cumplimiento la Ley. Por ello, consideramos esencial que la Diputación de Alicante destine una partida para abrir una línea de ayudas a los ayuntamientos para la retirada de estos ornamentos en las vías públicas.