Eduardo Ovejero. FOTO EPDA Empezamos un nuevo Curso político, y es conveniente
marcarnos unos objetivos, unas tareas que nos parecen urgentes y prioritarias
para devolver la dignidad a la política y para recuperar esta confianza
ciudadana que
tanto, algunos echamos de menos.
Si las instituciones, los partidos políticos y todos
los poderes públicos se someten a una regulación clara y exigente de la transparencia, con buenas prácticas de
control y rendición pública de cuentas y evaluación, toda la sociedad habrá
ganado en un área especialmente sensible para la regeneración democrática.
Es necesario seguir actuando no sólo en no subordinar el bien común a los intereses de partido. También
es urgente que imperen los criterios de claridad y transparencia en la forma y
en el control de su financiación. El excesivo peso de la partidocracia debe ser
reequilibrado; a ello insisto una vez más, ayudaría una reforma electoral que reforzara la
participación ciudadana, redujera el poder de los aparatos de los partidos y
confiriera mayor protagonismo a la vida parlamentaria.
La regeneración de la vida pública no será posible
sin el fortalecimiento y la profesionalización de la administración.
Hay que garantizar la aplicación de los principios
constitucionales de mérito y capacidad en la gestión del empleo público. Estas medidas
deben seguir armonizándose con la iniciada reforma de las administraciones
públicas orientada
a ganar eficacia y eficiencia en el quehacer público.
La llamada “economía sumergida” debe salir a la luz,
aunque la problemática sea más amplia. Esta es una condición necesaria y
urgente para prevenir y combatir efectivamente la corrupción, y para promover
la justicia fiscal y la financiación equitativa de las cargas públicas.
El fraude fiscal no solo daña la vida común, sino que
además incentiva la corrupción política. Necesitamos un mayor consenso social
para combatir el fraude y para fomentar los valores del comportamiento cívico y
de la solidaridad.
Reconociendo que los medios de comunicación
públicos y privados son instrumentos clave para la democracia y para la tutela del valor de
la auténtica política, tienen que recuperar de manera nítida su función de
servicio social. La libertad de expresión y la libertad de información han de
ejercerse responsablemente. Los propios medios han de impulsar un sistema de
autocontrol que responda a buenas prácticas aceptadas y a comités de ética
informativa, encargados de proteger y vigilar tanto la libertad de expresión
como la veracidad de las informaciones y la debida utilización de las mismas, y
que evite su uso oportunista o partidista, como sucede tantas veces hoy en día.
El impulso y coordinación del Voluntariado, desde nuevas ópticas es
imprescindible, y más ahora que los recursos económicos son escasos.
Se puede lograr una
mayor participación directa de la ciudadanía en la política facilitando, por
ejemplo, el ejercicio de laIniciativa
Legislativa Popularcomo
vía de participación democrática a la ciudadanía y colectivos, agilizando la
tramitación de sus iniciativas.
E impulsar una nueva
Reforma delReglamento de Les
Cortspara
que desempeñe un papel más activo, más rápido y actual y propicie el
acercamiento entre representantes y representados reforzando su función legislativa. Así mismo se debería
abrir todavía más les Corts a la participación de la sociedad civil,
facilitando la comparecencia de representantes de los sectores afectados en las
Comisiones con ocasión de los procesos legislativos, a fin de quelos diputados escuchen sus criterios y
propuestas antes de constituir las ponencias redactoras.
Proponer una regulación actualizada
y establecer el denominadoGobierno Abiertoque
fomente una nueva forma de relación entre la Administración y la ciudadanía
basada en la transparencia, la participación y colaboración. Aprovechando las nuevas tecnologías las Administraciones Públicas deberían
incentivar los cauces en las webs oficiales y redes digitales para dar a conocer
sus iniciativas, permitiendo de forma más ágil el acceso ciudadano a la información y recibir las
valoraciones y propuestas ciudadanas como expresión de su participación en la
formulación de las políticas.
He enunciado conceptos “tópicos”, repetidos por
muchos, pero sin llevar a la práctica real, por algunas fuerzas políticas, y
otros más “novedosos”, que creo facilitarían lo que muchos deseamos,
“devolver la Política a los ciudadanos”
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