Javier Estrada. /EPDA En un contexto marcado aún por los coletazos de la pandemia y los efectos de una nueva crisis económica, una Administración que no es capaz de dar solución a las demandas de toda índole que le plantea la ciudadanía, ya sea en lo sanitario, lo educativo, en el acceso a la Administración en general, en la Justicia o, especialmente, a la Seguridad Social, pierde su legitimidad y su razón de ser.
En estos momentos en todas las administraciones se están generando listas de espera que, a su vez, originan una enorme frustración entre la población. Frustración que se traslada a unos profesionales que no son responsables de esta situación en forma de agresiones, insultos, amenazas o actitudes similares.
El hecho de que esta insatisfacción por parte de la ciudadanía se haya hecho extensiva a todas las administraciones públicas, hace necesario y urgente un debate profundo sobre el papel de los servicios públicos en el contexto post-covid. Debate en el que los sindicatos debemos ser, junto con la ciudadanía, parte relevante a la hora de aportar unas soluciones que la Administración debe escuchar en lugar de mantenerse en una especie de torre de marfil donde todo le es ajeno.
Los cargos públicos deben tener en cuenta la perspectiva de la ciudadanía para evitar convertirse en cargas públicas. Y es que, al igual que en las empresas privadas se tiene en cuenta la perspectiva del cliente, en las públicas hay que respetar las aspiraciones del usuario, ya que la Administración no es de los políticos, sino de la ciudadanía, que es quien la sostiene con sus impuestos.
Esto implica desarrollar estrategias específicas que aborden de manera real sus necesidades y problemáticas para resolver las carencias que está demostrando la Administración pública. Lo que conlleva, necesariamente, adecuar las plantillas a las necesidades reales y así facilitar instrumentos para agilizar la gestión administrativa de los servicios y hacerla verdaderamente accesible en un tiempo razonable y útil.
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