Pleno del Ayuntamiento. EPDA. El
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha convocado para el próximo viernes, 26 de
mayo, la primera reunión de las comisión municipal de investigación sobre las
escuchas presuntamente ilegales del portavoz de Riba-roja Pot, Rubén Ferrer, a
los concejales del grupo municipal Ciudadano realizadas en el edificio
consistorial. La sesión comenzará a las 12 horas en el ayuntamiento.
Los
hechos que se estudiarán en la citada comisión de investigación tuvieron lugar
a finales del pasado mes de enero en los despachos que los partidos políticos
Ciudadanos y Riba-roja Pot poseen en el ayuntamiento, pared con pared según señalan desde el ayuntamiento, y a través
de la cual acusan al portavoz de Podemos, Rubén Ferrer, de registrar la conversación
telefónica que los concejales de Ciudadanos, Francisco Caparrós y Maite Ruiz,
mantenían con el portavoz municipal de Esquerra Unida, Rafa Gómez. El
objetivo principal de la grabación ilegal, según el equipo de gobierno, era "divulgar la conversación
telefónica entre Ciudadanos y Esquerra Unida para desacreditar y desprestigiar
políticamente al portavoz Rafa Gómez en un foro ambiental del municipio. Las
palabras del edil de EU se escuchaban a través del dispositivo móvil del manos
libre de los concejales de Ciudadanos".
Además,
a las 13 horas se celebrará la primera reunión que investiga el contrato de la
limpieza viaria para averiguar el destino de los 113.000 euros que la empresa
concesionaria debía haber invertido en los últimos años en materia de campañas
de concienciación ciudadana y que a día de hoy no se han llevado a cabo.
Paralelamente, el pleno municipal ha aprobado una prórroga del contrato hasta
final de este año mientras se analiza una posible municipalización del servicio
público.
El
contrato mercantil suscrito en su momento entre el Ayuntamiento de Riba-roja de
Túria y la empresa concesionaria estipulaba una serie de inversiones que la
adjudicataria debía realizar en materia de campañas de concienciación
ciudadana, cifrada en el 3% del coste del servicio y que suponían alrededor de
9.400 euros anuales, es decir, un total de 113.000 euros pendientes.
Entre
los interrogantes que se ciernen sobre la posible resolución y liquidación del
contrato figuran los 154.000 euros en amortización de maquinaria y
actualización del índice de precios al consumo (IPC). Por ello, la comisión de
investigación analizará y estudiará todos los detalles que envuelven este
contrato entre el Ayuntamiento de Riba-roja y la empresa concesionaria.
La
comisión investigadora está formada por los representantes de todos los
partidos políticos, tiene un carácter meramente político e informativo que, en
modo alguno, sustituirá a cualquier procedimiento judicial que pudiera existir.
La comisión se extinguirá automáticamente una vez que hayan dictaminado o
informado sobre el asunto que constituye su objeto de creación. Los dictámenes de
la comisión tendrán carácter preceptivo y no vinculante.
El
alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destacado "la importancia de estas dos comisiones de investigación sobre dos
cuestiones muy graves para este ayuntamiento como las escuchas ilegales y los
posibles perjuicios que se podrían derivar en el contrato de la limpieza
viaria; por ello, se deben analizar todos los documentos disponibles".
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