Riba-roja de Túria desiste de ejecutar el PAI de la Pedrera tras no subsanarse las objeciones de la Generalitat formuladas en 2011

El pleno municipal aprueba por unanimidad el desistimiento definitivo de un plan urbanístico que convertía los terrenos de suelo no urbanizable en suelo industrial

REDACCIÓN - 08/04/2024

Polígono de Riba-roja de Túria. /EPDA

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado el desistimiento definitivo del programa de actuación integrada (PAI) de la Pedrera destinado a suelo clasificado como industrial en el área este del término municipal, tras no haberse subsanado los diversos requerimientos y las objeciones formuladas por la Generalitat Valenciana en el año 2011.

La decisión final de desistimiento del PAI de la Pedrera se ha tomado por unanimidad de todos los grupos con representación en el pleno municipal, es decir, el equipo de gobierno del PSPV, además del Partido Popular, Compromís, Esquerra Unida-Podem y Vox. El Ayuntamiento notificará el acuerdo plenario a la única empresa aspirante a la condición de agente urbanizador en el citado programa urbanístico.

El inicio de este procedimiento administrativo se remonta al año 2009, cuando el pleno municipal de aquel momento aprobó el programa de actuación integrada (PAI) denominado “La Pedrera”, que incorporaba el documento justificativo y un plan parcial para su desarrollo al mismo tiempo que se designaba la empresa encargada de la urbanización de la zona en la que estaba incluido este plan.

La aprobación de este PAI contemplaba la reclasificación del suelo no urbanizable de los 191.394 metros cuadrados de los que constaba este plan urbanístico en suelo industrial para llevarlo a cabo, situado en el área este del término municipal de Riba-roja de Túria. El Ayuntamiento redactaba el resto de documentos necesarios para la aprobación definitiva del programa, es decir, la homologación y el plan parcial correspondiente.

Sin embargo, la Generalitat Valenciana, encargada de la aprobación definitiva, remitió en junio de 2011 un documento oficial sobre las carencias que impedían la aprobación definitiva del documento que, previamente, había entregado el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria a instancias de la empresa promotora del proyecto urbanístico e instaba a la administración local a subsanarlas.

El Servicio Territorial de Urbanismo, dependiente de la Generalitat Valenciana, comunicaba, finalmente, que el proyecto urbanístico se daba por desistido en su aprobación definitiva del documento de justificación de la integración territorial y plan parcial “La Pedrera” de Riba-roja de Túria, además de declarar “concluso el procedimiento” y archivaba de forma definitiva este expediente.

En la resolución de este proceso final se constataban las razones sobre la falta de subsanación de las deficiencias o la no aportación de la documentación complementaria requerida en el plazo concedido al respecto por parte de la Generalitat Valenciana. La mercantil promotora manifestaba la “inviabilidad de la ejecución del sector industrial desde el punto de vista económico para el agente urbanizador y los demás propietarios del suelo, así como desde el punto de vista técnico”.

Por último, la empresa promotora del proyecto urbanístico en la Pedrera de Riba-roja de Túria solicita la devolución de la garantía económica que en su momento depositó para el cumplimiento de la alternativa técnica del plan parcial y que está cifrada en un total de 204.000 euros en total tras el desistimiento del programa. Las dos objeciones no subsanadas estaban centradas en la revisión del plan general de ordenación urbana (PGOU), ya que el plan parcial afectaba a directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana, y el sometimiento del programa a evaluación ambiental estratégica.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha lamentado que la aprobación del programa urbanístico en la Pedrera “supuso efectos muy negativos para el desarrollo territorial y económico de nuestro municipio, ya que no se diseñó correctamente y provocó que algunas empresas no pudiesen ampliar sus instalaciones y tuvieron que marcharse a otros municipios ante los inconvenientes planteados”.

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