El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria acordó,
por unanimidad de todos los partidos, la creación de una comisión de
investigación del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Porxinos que en
abril de 2005 firmaron el entonces alcalde, Francisco Tarazona, del PP, y la
mercantil Litoral del Este - vinculada al Valencia CF- para la creación de la
futura ciudad deportiva, un campo de golf y la construcción de 2.440 vivienda.
La comisión estará formada por todos los partidos políticos con representación
en el pleno, tanto del gobierno como de la oposición: PSPV, Compromís, Esquerra
Unida, Podem Riba-roja, Partido Popular y Ciudadanos.
El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria considera "grave"
las consecuencias que para las arcas municipales podrían derivarse tras la
sentencia dada a conocer hace escasas semanas por parte del Tribunal Supremo
que anula el acuerdo municipal de 2005 y, por tanto, también la ratificación de
la Comisión Territorial de Urbanismo sobre la homologación y el plan parcial de
Porxinos.
El texto aprobado por el pleno municipal subraya que la
anulación del plan "es un hecho
grave que podría traer consecuencias para el ayuntamiento y el pueblo" y
añade que el objetivo principal de la iniciativa es "averiguar qué ha
sucedido y cuáles han sido las causas que han desembocado en la situación
actual, por ello parece oportuno crear una comisión especial para la
investigación de todo el proceso seguido".
El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha afirmado que con
esta comisión "cumplimos el
compromiso que adquirimos los partidos firmantes del pacto de gobierno de
esclarecer todos los extremos y todas las claves de este polémico programa
urbanístico que en su día el ex presidente del Valencia Juan Soler tildó de
pelotazo, además reclamaremos las responsabilidades políticas y jurídicas a que
hubiera lugar; no en vano, el ex alcalde Francisco Tarazona alardeó de las
bondades de este plan que la justicia ha tumbado y sin olvidar que la actual
candidata del PP María José Ruiz fue miembro del gobierno del Partido
Popular". Raga ha advertido de que
"actuaremos con total equidad y aplicaremos el sentido común para defender
los intereses generales de los ciudadanos de Riba-roja sin ningún tipo de
revanchismo buscando siempre la verdad y la total seguridad de que se depurarán
todas las responsabilidades".
Raga recuerda que en la tramitación y gestión del
programa urbanístico de Porxinos "se
han obtenido suculentos beneficios económicos por parte de propietarios y
empresas y es la hora de que nuestros vecinos sepan con luz y taquígrafos el
nombre y apellidos de todas esas personas que, aprovechando la posible
instalación de la ciudad deportiva, han hecho un negocio".
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja celebrado ayer
miércoles aprobó también, en uno de sus puntos, la ejecución de la sentencia
del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia valenciano en las que
se desecha el citado PAI de Porxinos y su reversión al estado original. El PAI
está formado por cerca de 1'2 millones de metros cuadrados que se
reclasificaron para llevarlo a cabo.
Por su parte, el Partido Popular, liderado por Mª José
Ruiz ha asegurado que las razones por las que el PP apoyó la creación de la
comisión son “el hecho de que durante el proceso, que ha durado 10 años, el
grupo municipal popular ha obrado siempre conforme a la legalidad y, por tanto,
no tiene ningún problema en dar vía libre a que se investigue cada uno de los
pasos que se han ido dando en esta polémica cuestión”.
Por otro lado, los populares aseguran que Porxinos está
siendo de nuevo investigado para “dilatar
el proceso y mantenerlo vivo para obtener rentabilidad política y no una
defensa de los intereses de los ciudadanos como quieren hacer creer”.
Desde el Partido Popular han destacado el acatamiento de
esta última sentencia y, al mismo tiempo, han mostrado “nuestro respeto por las
gestiones que, a partir de este momento, realice el actual equipo de gobierno
pero estaremos expectantes, en base a la legítima labor de oposición, para que
las gestiones tengan como finalidad el bien del municipio y de sus ciudadanos”.
Ruiz ha manifestado que “entendemos que la ubicación de
las instalaciones deportivas del Valencia C.F. en Ribar-Roja serían un buen
revulsivo para la población en el plano socio económico y por eso nos ponemos a
disposición de la alcaldía para colaborar y respetará las decisiones que adopten
los actuales gobernantes”.
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