Rus y Tarazona inaugurando el campo de Fútbol.//EPDA El equipo
de gobierno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria -formado por el PSPV, Compromís
y Esquerra Unida- ha abierto una investigación para estudiar posibles
sobrecostes e irregularidades en las ayudas que concedió la Diputación de
Valencia al consistorio para la instalación de bombillas leds o la construcción
de campos de fútbol de césped artificial o pistas de pádel a raíz de la
denominada operación judicial Taula que
culminó el pasado martes con la detención del ex presidente de la entidad
provincial, Alfonso Rus, junto a otros dirigentes del Partido Popular.
El ejecutivo local de Riba-roja
sospecha que en los citados proyectos y programas se podrían haber producido,
presuntamente, sobrecostes en la ejecución de los mismos, además de posibles
irregularidades en el proceso burocrático de adjudicación a las empresas
encargadas de llevarlos a cabo, en las que predominó la utilización de
procedimientos negociados sin publicidad para adjudicarlas a los amigos.
El actual equipo de gobierno
recuerda las connivencias políticas entre el entonces alcalde de Riba-roja,
Franscisco Tarazona, del PP, y el presidente de la Diputación, Alfonso Rus, ya
que el primero de ellos ocupaban, además, el cargo de diputado provincial
encargado de gestionar el consorcio de bomberos. Además, la actual portavoz del
PP, María José Ruiz, formaba parte de aquel ejecutivo en el que gestionabas las
áreas de Urbanizaciones y Educación.
Así, destacan la construcción en el
año 2011 de dos pistas de pádel en el polideportivo municipal de Riba-roja de
Túria por un montante global de 62.546 euros en total, una cifra que según
algunas primeras estimaciones podrían ser superiores a los costes económicos que
se generarían en el mercado en pistas de semejantes tamaños y características
físicas parecidas.
El gobierno de Riba-roja de Túria
considera que el precio pagado por ambas pistas "es excesivo" ya que en el mercado el gasto global
oscilaría entre los 15.000 y los 17.000 euros, sin embargo, con el ayuntamiento
y la diputación gastaron exactamente el doble por hacer las mismas obras.
Además, también se construyeron
otros dos campos de césped artificial en el municipio. Uno de ellos por 224.000
euros en la urbanización de la Reva durante el año 2011 y con una financiación
de la diputación en un 50% sobre el total. El otro campo de césped se plasmó en
el año 2015 en el actual estadio denominado Roberto Gil, por un precio que
ronda los 300.000 euros, de los cuales el ayuntamiento aportó 50.000 mientras
que el resto corrió a cargo de la entidad provincial. En total, el coste total
de ambos campos de fútbol superó con creces los 470.000 euros.
Sin embargo, la instalación de
bombillas leds, a través de la
central de compras de la diputación, fue el proyecto estrella durante la pasado
legislatura hasta el punto que se sustituyeron en muchos edificios públicos con
un coste económico superior al millón de euros. Entre las ubicaciones elegidas
cabe destacar la casa de cultura, el auditorio, el centro social o el mismo
edificio consistorial en el mismo casco urbano y en otras zonas como polígonos
industriales o en urbanizaciones de la zona norte y en las áreas residenciales
de Valencia la Vella y Els Pous.
Cabe destacar que durante el periodo
en el que se ejecutaron los tres proyectos objeto de la polémica judicial el
alcalde fue Francisco Tarazona, a la sazón diputado provincial de bomberos,
quien se retiró de la lista electoral del Partido Popular en los comicios de
mayo de 2015 en los obtuvo la mayoría simple en lugar de la absoluta.
El concejal de personal, nuevas
tecnologías y comunicación, José Luis López, ha subrayado la necesidad de que
la investigación municipal sobre estos contratos públicos "sirva para
analizar de forma exhaustiva todos los vericuetos administrativos surgidos
alrededor de los mismos ya que siempre ha
planeado sospechas e interrogantes sobre el proceso de adjudicación y el precio
de las mismas, por ello es necesario que se lleve a cabo ahora un estudio
pormenorizado ya que se trata de miles de euros que deben ser fiscalizados y
analizados".
López ha añadido que las
administraciones públicas "deben
velar por el cumplimiento estricto de la legislación vigente en materia de
adjudicación de contratos, con la libre concurrencia de empresas que permita
ajustar los precios y los costes económicos al mismo tiempo que se garantiza eliminar
cualquier atisbo de posibles irregularidades o favoritismo hacia algunas de las
ofertas planteadas".
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