Porxinos. //EPDA El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha solicitado un
informe oficial al Consell Jurídic Consultiu sobre la reclamación de 25
millones de euros que el Valencia -a través de la mercantil Litoral del Este
impulsada por el club deportivo- exige a las arcas municipales por la anulación
del programa de actuación integrada (PAI) de Porxinos en la que se preveían la
construcción de 2.700 viviendas, un campo de golf y una ciudad deportiva sobre
un área de 1'2 millones de metros cuadrados del término municipal.
El equipo
de gobierno de Riba-roja de Túria -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra
Unida- ha instado a este órgano que se encarga de velar por el cumplimiento del
actual ordenamiento jurídico valenciano "la
elaboración de un informe sobre la petición que el pasado año realizó el
Valencia a este ayuntamiento con el objetivo principal de dictaminar sobre la
fundamentación jurídica de la misma".
El
Valencia pretende que el ayuntamiento devuelva los 25 millones al entender que
el plan urbanístico de Porxinos nunca se llevó a cabo, aunque a día de hoy ese
dinero se gastó completamente, a razón del 10% sobre la adquisición por el
excedente de aprovechamiento, indemnización a los propietarios, gastos
generales, además de obras como la piscina, el molino junto al río Túria, el
centro de salud y el metro soterrado al centro del casco urbano, si bien estas
dos últimas no se han ejecutado.
El
gobierno de Riba-roja considera "indispensable"
una opinión por parte de un organismo público "ya que se trata de una petición muy relevante para el futuro de
este ayuntamiento por el riesgo económico en el que se podría incurrir por la
deficiente gestión del Partido Popular en una proyecto que en su momento los
que estábamos en la oposición ya avisamos, tanto por las deficiencias
urbanísticas que se cometieron, el pelotazo económico que se permitió a los
urbanizadores así como por las graves consecuencias financieras que pueden suponer
para este consistorio".
Paralelamente,
la Sindicatura de Comptes ha investigado también las operaciones económicas que
se llevaron a cabo en el año 2014 en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, en
el que se incluye un organigrama municipal, un inventario de bienes municipales
actualizado, una relación exhaustiva de todos los certificados de actas de los
órganos de gobierno de la corporación bajo mandato del ex alcalde Francisco
Tarazona, del PP.
El
alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha manifestado que la acción del
gobierno municipal "persigue una
defensa acérrima de los intereses de los ciudadanos ante una demanda de la magnitud
y que si se confirmase pondría en cuestión la viabilidad futura del
consistorio, por ello estamos solicitamos una opinión adicional a los informes
que ya nos otorgan la razón en nuestro proceder".
El
actual gobierno subraya que en el convenio que en el año 2005 rubricó el
Ayuntamiento de Riba-roja y Litoral del Este, como agente urbanizador, se
preveía que en caso que los tribunales anulasen el plan urbanístico "el ayuntamiento quedaba exonerado de
devolver los 25 millones de euros concedidos por el mismo si se tramitaba un
nuevo plan alternativo presentado por la empresa".
Así,
cabe recordar que el nuevo plan de Porxinos está actualmente a la espera de que
la Conselleria de Medio Ambiente se pronuncie sobre la viabilidad ambiental y
técnica en el citado paraje de Riba-roja de Túria. El consistorio añade que los
25 millones de euros entregados en virtud del convenio originario "se abonaron voluntariamente por la
empresa a su riesgo y cuenta, vinculados únicamente a la tramitación del plan y
se aportaron cuando se aprobó definitivamente por parte de la
Generalitat".
Raga ha
concluido que el dictamen del Consell Jurídic Consultiu "es imprescindible para que el ayuntamiento tengan el máximo de
informes que avalen la posición del ayuntamiento para proteger todos los
intereses de los ciudadanos".
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