Calle de Riba-roja. EPDA. El Ayuntamiento
de Riba-roja de Túria ha reducido en un 24’2% el impuesto de bienes inmuebles
(IBI) urbano en los últimos siete años al pasar de un tipo impositivo del 0’62
en el año 2015 al 0’47 en el año 2021. Se trata del mayor descenso de este
impuesto directo en las dos últimas décadas y que lo sitúan entre uno de los
más reducidos en la comarca de Camp de Túria.
Este
impuesto llegó a alcanzar en los últimos tres lustros hasta un coeficiente del
0’8 en el año 2008, cuando el entonces equipo de gobierno decidió un aumento
del 60% al pasar de los 0’5 del ejercicio presupuestario del año 2007 a los
referidos 0’8. Un año más tarde este coeficiente se rebajó en un 15% al pasar a
los 0’68, si bien el siguiente ejercicio 2013 se volvió a incrementar hasta los
0’748, es decir, un aumento del 10%.
El
impuesto de bienes inmuebles urbano se calcula cada año a partir del valor
catastral que marca la Dirección General del Catastro, dependiente del
Ministerio de Hacienda, multiplicado por el coeficiente impositivo que decide
el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. Con estas dos variables se fija la
cuantía que pagará, posteriormente, cada contribuyente por su vivienda.
Con el
actual coeficiente del 0’47, Riba-roja se coloca entre los municipios con el
impuesto de bienes inmueble (IBI) más bajo de la Comarca de Camp de Túria,
especialmente, respecto de las localidades de más de 20.000 habitantes, como el
caso de Llíria con un 0’7 o Bétera con otros 0’58, además también más bajo que
el resto de los municipios del resto de la comarca.
Esta
reducción en el IBI urbano se complementa con la disminución del IBI rústico en
Riba-roja de Túria hasta en un 5% a partir de este año con el objetivo de
paliar los efectos adversos derivados de la pasada Depresión Aislada en Niveles
Altos (DANA) que ocurrió en el pasado mes de septiembre sobre los campos y
cosechas de los agricultores de la localidad.
El
alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destacado “la rebaja fiscal”
realizada durante los últimos años en la localidad “como fórmula para dinamizar
la economía de las familias y estimular el consumo entre el tejido comercial e
industrial de la localidad, sin que ello haya supuesto, en modo alguno, una
disminución en la calidad de los servicios públicos municipales, hasta el punto
que se han aumentado y mejorado”.
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