Leopoldo Bonías. EPDA El Tribunal Constitucional ha hablado, el caso está cerrado. Eso es lo que ha ocurrido esta semana con la sentencia del Tribunal Constitucional con la denominada popularmente ley mordaza que al final no ha resultado ser contraria a la Constitución Española excepto en lo referente a la prohibición de la reproducción gráfica de las imágenes de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Nunca me ha preocupado mucho la publicación de mi nombre o de fotografías o grabaciones donde aparezco por lo que tampoco me causa ningún dolor de cabeza la sentencia del Constitucional. Quizás sea la impronta de los primeros años como policía local a principios de los años ochenta. Aunque en “cuéntame” nos digan que la transición acabó en 1978, en el ámbito policial yo creo que se prolongó algún año más. La denominada Policía Municipal, no tenía competencias ni siquiera para redactar atestados por accidentes de tráfico hasta el año 1986 y con frecuencia había que comparecer en las dependencias del actualmente denominado Cuerpo Nacional de Policía para que fuese el inspector de guardia el que se hiciese cargo de la redacción de un simple atestado por accidente de circulación con heridos.
Entrabas y te encontrabas con unas dependencias vetustas. En un cuarto normalmente lleno de humo estaba el inspector de guardia, el instructor de las diligencias del denominado entonces Cuerpo Superior de Policía vestido de paisano, a la antigua usanza. Con la luz amarilla – no se gastaba la blanca o fluorescente cuya invención se atribuye originariamente a Nikola Tesla - sentado en una mesa sobre un entarimado como los antiguos profesores en el colegio, en una posición prominente frente al que se sentaba frente a él. Detrás suya, en una pared descolorida colgaba el crucifijo y a unos metros frente a una máquina de escribir que recordaba a las de la KGB de las películas de los años sesenta estaba el policía uniformado que escribía como secretario del atestado lo que le dictaba el inspector que hacía de “traductor” de lo que manifestaba el compareciente. No había teléfonos móviles, ni ordenadores, ni siquiera fotocopiadoras y los escritos se hacían por quintuplicado con papel de calco. La redacción, como marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX aún vigente, sin tachaduras ni enmiendas. Eran atestados escritos por policías con escasa pericia mecanográfica pero con grandes recursos gramaticales.
Sin embargo, en aquella época, no existía tanto secretismo como ahora para salvaguardar la identidad de los policías. Los miembros de la Guardia Civil que eran los más ceremoniosos en la redacción de documentos, no tenían problema en reflejar en sus escritos su nombre y dos apellidos, una costumbre que yo también adquirí y que aún mantengo. A diferencia de lo que era habitual en el benemérito instituto, lo que nunca me puse es el tratamiento de don que ellos con frecuencia usaban, pues en el colegio me enseñaron que el don en los escritos es “para el otro, para los demás, no para ti”.
Que ahora en plena época de la tecnología el Tribunal Constitucional haya dejado claro que se pueden grabar y reproducir las imágenes de los policías, me parece de lo más normal. De hecho, deberíamos ser nosotros los primeros interesados en que esto ocurriese siempre.
Al leer la sentencia del Tribunal Constitucional, me ha venido a la cabeza un hecho ocurrido hace más de 25 años. Todos los años, el día 15 de mayo se celebraba en honor de San Isidro Labrador una misa en la Parroquia de San Pedro Apóstol de Paterna tras la cual nos trasladábamos a un restaurante a realizar la celebración gastronómica para honrar al santo de una manera más terrenal. Iba yo con el traje policial de gala con el Arcipreste de Paterna-Benimamet, D. Bernardo Aparisi, cuando al encarar la subida de la calle Castillo nos encontramos con un revoltijo de policías que trataban de reducir a una persona reclamada por una orden judicial de detención. Ya se sabe que la detención de un hombre por un hombre – o por varios – a veces no es tarea baladí y hace falta hacer uso de la fuerza. Un familiar del detenido que se resistía con tenacidad mientras rodaba por el suelo con otros policías se dirige a D. Bernardo y le implora;
- “Don Bernardo, don Bernardo, quédese usted aquí para que los policías no lo maltraten.” Con la que estaba liando el angelito imagino que la señora pensaría que a continuación lo iban a poner “a caldo”.
- “Me voy a quedar para que no lo maltraten, pero también me voy a quedar para no sean acusados falsamente los policías de maltrato”, replicó el párroco.
Parece que fue ayer, ocurrió en una calle concurrida y nadie tenía teléfono móvil con grabadora de video para plasmar la escena.
En la actualidad, no hace falta ningún D. Bernardo para dar fe de la correcta actuación policial. La tecnología nos da la solución y debe ser puesta al servicio de todos y, por supuesto, de los policías también.
Roma locuta causa finita. Roma ha hablado, el caso está cerrado. Sobran las lamentaciones de algunos. Mírese la sentencia por el lado positivo.
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