La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sagunt. EPDA Sagunt se posiciona
claramente contra la prostitución a través de la aprobación del
Pleno de este martes, 26 de marzo, de la moción presentada por la
portavoz del Grupo Municipal Esquerra Unida del País Valencià,
Mónica Caparrós, por la cual el Ayuntamiento ha acordado adherirse
a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños
destinados a la prostitución. Esta propuesta contó con el apoyo del
PP y EU y se abstuvieron Compromís, PSOE, ADN Morvedre, Ciudadanos e
Iniciativa Porteña.
El
Ayuntamiento diseñará, además, una campaña periódica para
sensibilizar y convencer a la población de que la prostitución es
igual a violencia de género, visibilizará al denominado “cliente”
y buscará deslegitimar social y públicamente a los prostituidores,
protagonistas, actores responsables y cómplices activos en esta
forma de violencia de género.
Asimismo, el Ayuntamiento
exigirá al Gobierno Central y a la Comunidad Valenciana que se
aplique realmente la ley y se persiga el tráfico de mujeres y
personas. Y, en colaboración con la Administración Central y
Autonómica, centrará la acción en la erradicación de la demanda,
a través de la denuncia, persecución y penalización del
prostituidor (cliente) y del proxeneta, “exigiendo al Gobierno
Central que establezca de forma urgente una normativa que penalice,
como en Suecia, a los hombres que compran a mujeres con fines de
comercio sexual, con penas de cárcel de hasta 6 meses y multa”,
según se establece en la propuesta.
Además, proveerá de
fondos para servicios sociales integrales que sean dirigidos a
cualquier prostituta que desee dejar esa ocupación ayudando a las
mujeres que abandonen la prostitución. Y exigirá al gobierno y a
las administraciones centrales y autonómicas erradicar la
precariedad del mercado laboral y las condiciones de explotación que
en él se viven, que provocan el que la prostitución sea a veces la
única alternativa para poder pagar las deudas o mantener a la
familia. “Exigiremos al gobierno que embargue los bienes de la
“industria del sexo” e invertirlos en el futuro de las mujeres
que están en la prostitución proporcionando recursos económicos y
alternativas reales”, reza el escrito de la moción.
Por último, se instará
al Gobierno Central y Autonómico para que establezca normativa que
impida que los medios de comunicación, tanto impresos como
audiovisuales, se lucren con la explotación sexual de las mujeres
ofertando servicios sexuales en anuncios o publicidad.
En el escrito de la
moción se explica que la prostitución es una forma de explotación
que debe ser abolida y “no una profesión que hay que
reglamentar porque es una forma de violencia de género extrema:
Lo que las mujeres prostituidas y hombres tienen que soportar
equivale a lo que en otros contextos correspondería a la definición
aceptada de abuso sexual y violación reiterada. ¿El hecho de que se
pague una cantidad de dinero puede transformar ese abuso en un
“empleo”, al que se le quiere dar el nombre de trabajo sexual?”.
Regular la prostitución
legitima implícitamente las relaciones patriarcales: equivale a
aceptar un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres,
establecer y organizar un sistema de subordinación y dominación de
las mujeres, anulando la labor de varios decenios para mejorar la
lucha por la igualdad de las mujeres.
Si reglamentamos la
prostitución, integrándola en la economía de mercado, estamos
diciendo que esto es una alternativa aceptable para las mujeres y,
por tanto, si es aceptable, no es necesario remover las causas, ni
las condiciones sociales que posibilitan y determinan a las mujeres a
ser prostituidas. A través de este proceso, se refuerza la
normalización de la prostitución como una «opción para las
pobres».
La postura del movimiento
abolicionista, según explica el texto de la propuesta, busca ir a la
raíz de un problema que afecta a los derechos humanos. Derechos que
en tanto que esenciales están fuera de discusión: los de toda
persona a no ser abusada ni utilizada sexualmente, ni de forma
gratuita ni a cambio de ninguna compensación económica. “De
ahí que el foco debamos dirigirlo a las personas que demandan: la
clientela y los prostituidores. Porque sin demanda, la oferta
desaparece”.
Precisa el escrito que se
pretende seguir el ejemplo de Suecia, donde se penaliza a los
“clientes” con penas de cárcel de hasta 6 meses o multa. Pero,
en ningún caso, perseguir a las mujeres prostituidas, pues la
prostitución es considerada como un aspecto de la violencia
masculina contra mujeres, niñas y niños.
“Tenemos el deber de
imaginar un mundo sin prostitución, lo mismo que hemos aprendido a
imaginar un mundo sin esclavitud, sin apartheid, sin violencia de
género, sin infanticidio ni mutilación de órganos genitales
femeninos. Solo así podremos mantener una coherencia entre nuestros
discursos de igualdad en la sociedad y en la educación y las
prácticas reales que mantenemos y fomentamos”, finaliza el
escrito.
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