Sancho en una reunión del Consorcio Pangea. FOTO EPDA Uno de los principales presuntos cabecillas de la
trama de
las asesorías,
José Antonio Sancho, intentó utilizar las exclusivas publicadas
por El Periódico de Aquí para anular la vasta investigación iniciada por el
juzgado número 12 de Valencia, según la cual se considera que Sancho y
Rafael
Parra, ex interventor del Consorcio de Museos, habrían establecido
presuntamente un entramado societario para sacar fondos públicos de distintas
administraciones, entre ellas casi una veintena de Ayuntamientos, entre ellos
los de
Canet d'En Berenguer, La Pobla de Farnals o San Antonio de Benagéber.
Los abogados de Sancho y otros investigados -nuevo término que sustituye con el
cambio del Código Penal al de imputado- intentaron varias argucias para evitar
el macrojuicio que se avecina, pues hoy, día 9 de diciembre, comienza el plazo
para presentar recursos contra las diferentes resoluciones que han sido
dictadas.
Según ha podido saber El Periódico de Aquí una vez se ha
levantado el secreto del sumario, la defensa de Sancho y otros investigados
–Eugenio Cañizares, ex alcalde de San Antonio de Benagéber, único investigado
que se negó a declarar; la Academia Valenciana de Juristas, y José Ignacio
Maruenda-Peñuela- han tratado de dilatar el proceso, alegando que este rotativo
había violado el secreto del sumario, motivo por el cual pretendían que se
aprobase una pieza separada. Todos ellos utilizan el mismo recurso literal,
suplicando al juzgado que ‘'se investigue y depure la comisión del dlito de
descubrimiento y revelación de secretos que se está produciendo reiteradamente
en estas diligencias’’.
Quien más se extiende en su escrito es el propio Sancho,
quien insiste en que El Periódico de Aquí, en su obligación de cumplir con su
misión de informar, recogido como un derecho constitucional garante de las
libertades e imprescindible en una democracia, incurrió en un supuesto delito
de revelación del secreto del sumario. Para ello, recoge numerosos artículos de
dicho rotativo, entre ellos las exclusivas sobre los dos registros realizados
por agentes de la Guardia Civil en la Casa de Llanos y en un almacén municipal
para recoger información y documentos del Consorcio Pangea –también investigado
en la trama-. Sancho sostiene que se ha producido una ‘'vulneración fragrante
del secreto judicialmente acordado’’ y lanza un mensaje al juez y al fiscal al
recordar que ‘'sólo tienen conocimiento de las actuaciones que se realicen las
siguientes personas: la juez de instrucción del juzgado 12 de Valencia, el
Ministerio Fiscal, el alcalde de Canet, que acompaña en los tres registros a
los agentes operativos y los agentes judiciales que realiaron los referidos
registros’’.
Por todo ello, Sancho intenta que se forme ''una pieza
separada dentro de las presentes actuaciones’’ e insta a que declaren el
alcalde de Canet, Leandro Benito, a quien acusa de ''llamar al medio de
comunicación para que estuviera presente en el momento del registro, tomara
fotografías y recogiera información’’; al director de El Periódico de Aquí,
Pere Valenciano, ''que se declara autor-fotógrafo de todas las fotografías que
salen publicadas en el citado medio El Periódico de Aquí yque se encontraba
personalmente presente los días en que se produjeron los referidos registros’’;
y los agentes de la Guardia Civil que realizaron los registros: ''por qué
permitieron que se les hicieran fotografías, informen sobre la identidad de la
persona que les hizo las fotografías, manifiesten si suministraron al fotógrafo
información sobre los detalles de la operación de registros’’.
La jueza Matilde Sabater responde de la siguiente manera
para negar las pretensiones de Sancho: ''el hecho de que determinados medios de
comunicación den noticias más o menos certeras acerca de los hechos que se
están investigando en la presente causa, no implica que se haya vulnerado el
secreto de actuaciones por parte de los operadores jurídicos que están
interviniendo en la tramitación de causa’’. En caso de que Sancho considere que
se ha vulrenado el secreto de las actuaciones, ''deberá ejercitar sus actuaciones
interponiendo la oportuna denuncia o querella de forma totalmente
independiente a este procedimiento’’. El Periódico de Aquí hizo su trabajo de manera impecable, fotografiando en lugares públicos y difuminando la cara de los agentes, como marca la ley.
No satisfechos con la respuesta de la juez, Cañizares y
Maruenda presentaron el día 2 de noviembre sendos escritos idénticos en los que
solicitan directamente la nulidad de las actuaciones ''por falta de competencia
del juzgado instructor para el conocimiento de los hechos denunciados por el
Ministerio Fiscal’’. Otra petición que cae en saco roto.
Por qué el juzgado no imputa a Benito
En otro escrito, Sancho pregunta al juzgado por qué no ha
imputado al alcalde de Castellnovo, si ''abonó a Asesores Económicos Públicos
facturas por más de 15.000 euros durante el periodo investigado’’, lo mismo con
el alcalde de Canet, Leandro Benito, si ''abonó a la Acemia de Juristas
facturas por importe de 28.367 euros’’ y ''por qué a otros ordenadores de pagos
del Ayuntamiento de Canet, que abonaron cantidades superiores a los 30.000
euros durante el periodio investigado, no se les llama ni como testigos ni como
imputados’’. En este caso se pregunta por qué llamar como imputada tan solo a
una interventora del Ayuntamiento de Canet’’, en referencia a la tesorera Magda
Lapiedra, investigada como también al jefe de la Policía Local e hijo de
Sancho.
Tras levantarse el secreto del sumario y conocerse la magnitud
de lo investigado y la relación y entramado de empresas, el abogado de Sancho,
José Ignacio Torres Alberich, que también lo era de los investigados más
próximos a Sancho, renunció a su defensa el pasado 30 de octubre de 2015. En estos momentos, es Sancho quien se
defiende a sí mismo.
El Periódico de Aquí ampliará profusamente esta información en su edición impresa del 18 de diciembre.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia