Salvador Vidal, José Antonio Sancho y Leandro Benito, en un pleno. FOTO P. V.El alcalde de
Canet, Leandro Benito, ha decidido tomar cartas en el asunto respecto al encarcelamiento de su secretario municipal,
José Antonio Sancho Sempere, quien hoy cumple 15 días en la cárcel de Picassent sin fianza. Benito ha iniciado los trámites para que ya no pueda volver a Canet. Para ello, ha enviado una carta al Ministerio de Administraciones Públicas en el que solicita que revogue la prolongación de su jubilación, que firmó la ex alcaldesa Amparo Mañó y ratificada después por el PP.
En la misiva, con fecha 30 de abril, el alcalde solicita ''la suspensión cautelar hasta que se dicte sentencia firme sobre el procedimiento judicial en el que se encuentra inerso y la incoación inmediata del expediente disciplinario correspondiente al sr. Sancho Sempre''. Además, Benito solicita ''la revocación de la prolongación de la jubilación del secretario, ya que en la actualidad no subsisten en absoluto las circunstanciuas por las que en su día se concedió la referida prolongación''.
Se da la circunstancia de que el Partido Socialista de Pere Antoni ya aportó un informe en el que se confirmaba la posible revocación de aquella prórroga al haberse firmado en el año 2009, cuando Sancho tenía 61 años, esto es, antes de cumplir la edad preceptiva para poder solicitar un alargamiento de su vida útil como trabajador.
Aunque en la cárcel, Sancho no ha querido perder poder adquisitivo y ya el sábado 25 de abril, dos días después de ingresar en Picassent, presentó alguien en su nombre un registro de entrada en el ayuntamiento de Canet en el que solicitaba ''las vacaciones anuales y los asuntos particulares'', con el objetivo de poder cobrar el 100% de su salario. Se trata de una hoja que incluye el cuño del Colegio de Abogados de Valencia escrita el mismo día 23 de abril y remitida al alcalde.
Según un comunicado remitido por el Ayuntamiento, sobre las causas por la que este funcionario está encarcelado, "no podemos dar ninguna explicación ya que el sumario ha sido declarado por el juzgado como secreto y lógicamente no las conoce".
Se trata de prisión provisional, sin fianza y comunicada para el secretario municipal de Canet d'En Berenguer, José Antonio Sancho, y el funcionario del Consorcio de Museos, Rafael Parra Mateu por presuntos delitos de prevaricación, malversación, contratación prohibida a funcionario público y tráfico de influencias desde el año 2013, cuando la Fiscalía interpuso la denuncia, tras un largo proceso que ha ido desgranando El Periódico de Aquí en los últimos años.
Como ya adelantó este rotativo, se está investigando una trama que afectaría a varias administraciones públicas, entre ellas Ayuntamientos, como los de Canet d'En Berenguer, La Pobla de Farnals y San Antonio de Benagéber, entre otros, donde la trama presuntamente habría montado una estructura de empresas que realizarían trabajos ficticios o a precios muy superiores a lo realizado, con el objetivo de ''saquear'' dichos organismos públicos. Según ha podido saber El Periódico de Aquí de fuentes de la investigación, también podría entrar en la trama algún responsable de Egevasa, empresa de la Diputación de Valencia.
En la trama estarían implicados numerosos funcionarios y políticos de varias administraciones públicas, por lo que el alcance de la investigación podría afectar a decenas de personas.
Precisamente, es Canet d'En Berenguer uno de los Ayuntamientos donde más impacto podría tener el final de la investigación, pues uno de los considerados cabecillas de la trama sería el secretario municipal y es en este Ayuntamiento donde comenzaron algunas de las empresas investigadas, como la Academia Valenciana de Juristas, Asesores Profesionales o Millena III Milenio, empresa de Sancho cuyo administrador único fue hasta el 2013 -tras las informaciones publicadas por El Periódico de Aquí- Juan José Amores, hijo de un empresario de Canet que recibió concesiones del Ayuntamiento.
La Academia Valenciana de Juristas, por su parte, lleva los asuntos jurídicos del Consistorio gracias a concursos ganados en 2011 -con Octavio Herranz como alcalde- y 2013 -con Leandro Benito- que son sospechosos, al haber participado en el primero también una empresa de Sancho y en el segundo la mujer del secretario. Precisamente uno de los responsables de la AVJ, José Ignacio García Peñuela, logró 12.000 euros de una subvención del Ayuntamiento concedida por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en 2011 por asesorar a 25 inmigrantes.
Mientras que Asesores Profesionales es una entidad sin ánimo de lucro fundada por las tres mimsas personas que la AVJ y que pegó un pelotazo al ceder a Mercadona, con permiso municipal, un terreno destinado a juegos infantiles para el parking del supermercado. Más de 60.000 euros de beneficio en una operación en menos de un mes.
Esta y otras cuestiones se empliarán en la edición del 22 de mayo, haciendo un repaso a una investigación de cuatro años de El Periódico de Aquí.
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