Ayer cumplía José Antonio Sancho Sempere 10 semanas en la cárcel de Picassent, donde han ido llegando otros corruptos ilustres, como Rafael Blasco, el ex conseller todopoderoso que sobrevivió a dos partidos y todos los presidentes autonómicos de la Generalitat, pero no a su avaricia, que fue su propia tumba. Algo parecido le sucedió al ex secretario general de Canet d’En Berenguer, cuya prepotencia y soberbia no sólo le llevó a intentar aniquilarme profesionalmente, sino que le hizo cometer errores estúpidos cuando ya estaba siendo investigado profusamente por Anticorrupción. Ejemplos de su penosa vanidad, muchos. El último me lo recordaba Nacho Belzunces en una comida con otros periodistas en Les Panses el miércoles, organizada por Saggas, cuando Sancho organizó una ‘‘conferencia’’ para hablar de libertad de expresión y derecho a la información en el salón de plenos del ayuntamiento de Canet, donde prácticamente se presentaba como un pobrecito inocente perseguido por la prensa, en especial El Periódico de Aquí. Y tuve que aguantar su última infantil altanería cuando me impidió hacerle preguntas sobre la acusación del Fiscal Anticorrupción. Todavía resuenen en los oídos de periodistas y paniaguados su fallida profecía: ‘‘me iré de Canet cuando quiera y por la puerta grande’’. El jefe de la Policía Local y la funcionaria de Contratación pueden dar fe de lo errado que estaba su padre.
Pero la verdad sólo tiene un camino y la justicia, aunque lenta, trabaja sin descanso. Fruto de una larga investigación, con teléfono del detenido intervenido incluido, Sancho fue encarcelado sin fianza, dado que lo que se investiga supera ampliamente a Canet d’En Berenguer y salpica presuntamente a numerosas administraciones locales y de ámbito superior, una investigación que se halla bajo el secreto de sumario y que va a deparar numerosas sorpresas cuando finalice.
De momento, el Ayuntamiento de Canet ha rescindido el contrato con la Academia Valenciana de Juristas, considerada un ‘‘chiringuido’’ de Sancho para ‘saquear’ el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals y, por tanto, se puede presuponer que el sistema estaba implantado en otros lugares, como Canet, centro de operaciones de Sancho desde hace tres décadas. Una Academia que interpuso dos derechos de rectificación contra El Periódico de Aquí y acabó perdiendo y pagando costas, o que contrató dos páginas de publicidad en el inicio de la ‘guerra’ informativa con Sancho, pero acabó pagando sólo una cuando se dio cuenta de que este periódico no se vendía ni por dos páginas, ni por un apartamento en Canet, otra oferta recibida por un tercero si dejábamos de meternos con Sancho.
Pero es que en Canet lo que queda por investigar es el cúmulo de despropósitos en forma de oposiciones manipuladas para colocar a familiares y amigos; la empresa de recaudación, que sigue trabajando con un margen de beneficio escandaloso y sin hacerse concurso público desde que se hace cargo de cobrar impuestos y multas, a mediados de los 90; por qué se escondía bajo llave documentación y ordenadores del Consorcio Pangea, controlado por Sancho y encargado de tramitar subvenciones de todo tipo para inmigrantes -¿12.000 euros en un año por asesorar a un puñado de inmigrantes en Canet como premio a un dirigente de la Academia de Juristas, con dinero europeo tramitado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias? Sin olvidar una retahíla de empresas que han hecho informes inflados o falsos en Canet -según la acusación de la Fiscalía-, pero en muchos más municipios, en un gran entramado que va a acabar salpicando no sólo a funcionarios avaros a los que habría que investigar profusamente su patrimonio y el estatus de sus familiares, sino también a empresarios y, por supuesto, políticos que han avalado con su firma actuaciones delictivas. ¿A cambio de qué? Que la justicia lo investigue. Pero que nadie se piense que todo ha terminado. La fiesta acaba de comenzar.
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